El muy complicado dilema del Rey

El Rey, con buen criterio y acorde a la tradición de la democracia española, ha propuesto para la investidura al candidato ganador de las elecciones. Pero todo indica que Feijóo no saldrá elegido, pues los partidos separatistas bisagra se han decantado firmemente por Sánchez, sabedor de que con él obtendrán unas cesiones del Estado impensables con cualquier otro presidente.

Felipe VI encarará entonces un complicadísimo dilema. Habrá de elegir entre proponer a Sánchez, a sabiendas de que su candidatura se basa en un plan que debilitará de manera muy grave el orden constitucional y la unidad de España; o bien, en ausencia de un candidato con posibilidades y/o apto, dejar correr el calendario hasta unas nuevas elecciones.

¿Por qué no es Sánchez un candidato apto para ser propuesto a la investidura? Pues porque perdió las elecciones y para alcanzar el poder está dispuesto a conceder una amnistía a los separatistas que protagonizaron el golpe de 2017 contra la legalidad española (que le exigen además un referéndum de autodeterminación, que llegado el caso probablemente concedería disfrazado bajo algún eufemismo).

¿Por qué es tan grave la amnistía? Primero, porque es inconstitucional, pues la Carta Magna prohíbe los indultos generales y la amnistía todavía va más allá. Se entiende bien con un ejemplo simplicísimo: si en un parque está prohibido tirar papeles al césped, resulta evidentemente que no está permitido tirar cartones. En segundo lugar, conceder la amnistía supone afirmar por la vía de los hechos que las leyes españolas eran injustas y que el golpe de Estado y la proclamación de una República catalana fueron algo correcto, o al menos en absoluto perseguible. En tercer lugar, una amnistía vendría a decir que el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Rey, el Gobierno de España de entonces y el PSOE y su líder en aquel momento, Pedro Sánchez, se equivocaron por completo cuando decidieron parar el golpe, lo criticaron con dureza y lo frenaron empleando la legítima fuerza de la ley. En cuarto lugar, si se amnistían aquellos hechos se estará tendiendo una alfombra roja para nuevas declaraciones de independencia, con el agravante de que ya no existe el delito de sedición, pues lo eliminó Sánchez al dictado de Junqueras. Además, el resto de los países ya no cerrarán filas con España como en 2017, toda vez que nuestro propio Gobierno dice ahora que declarar una república y partir unilateralmente un país no supone delito alguno.

En resumen, estamos ante una situación de alto riesgo. No es para nada exagerado alertar de que un Gobierno de Sánchez abriría la puerta a la fractura de España. El candidato Sánchez es el único actor capaz de iniciar ahora mismo un proceso que de facto liquidaría el actual orden constitucional, de ahí la profunda reflexión que habrá de acometer el Rey a la hora de decidir si lo propone o no.

Algunos lectores argumentarán: el Rey no tiene margen constitucional alguno para no proponer a Sánchez, incluso con los socios y planes que presenta, porque en una monarquía parlamentaria su rol es más bien simbólico y representativo. Eso es harto discutible tal y como está redactada nuestra Constitución.

Según la Carta Magna, el Rey simboliza «la unidad y permanencia del Estado». ¿Debe proponer a un candidato que amenaza abiertamente esa permanencia y unidad, toda vez que acepta dar máxima facilidades a los separatistas antiespañoles para nuevas declaraciones de independencia?

El Rey, según la Constitución, «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones». ¿Es un funcionamiento regular de las instituciones que quien quiere ser investido niegue lo que él mismo sostenía hasta ayer para plegarse ahora a las exigencias anticonstitucionales de un prófugo, cuyo partido ha obtenido en Cataluña menos votos que el PP? ¿Es un funcionamiento regular de las instituciones que Sánchez invalide el discurso más importante hasta la fecha del actual jefe del Estado, el que ayudó a parar el golpe de 2017, para dar la razón al golpista que precisamente Felipe VI llamó a frenar? ¿Es un funcionamiento regular de las instituciones que un candidato se presente a la investidura esgrimiendo el apoyo de unos partidos que se han negado a participar en la ronda de consultas con el jefe del Estado, establecida como paso previo para la presentación a la investidura de un candidato?

Por último –y atención–, el artículo 62 j de la Constitución reza clarísimamente lo siguiente: al Rey le corresponde «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». ¿Podría entonces el Rey dar por buena la amnistía en que se basaría la investidura de Sánchez, que va incluso más allá de un indulto general? No parece.

Es decir, existen argumentos suficientes por los que el Rey podría decir, con toda la razón, que Sánchez, dados los apoyos y planes con que se presenta, no es un candidato apto ahora mismo para gobernar España. El dilema de Felipe VI es tremendo, ciertamente. Si da luz verde a Sánchez, quedará en jaque la unidad de España y el respeto a las leyes que nos habíamos dado. Si no lo propone, el problema será para la Corona, pues acto seguido comenzaría una demoledora campaña de la izquierda contra la institución (de hecho los ministros de Podemos se han pasado la legislatura haciendo proclamas republicanas y las Juventudes del PSOE se declaran ya abiertamente contrarias a la monarquía, es decir, al orden constitucional).

En el Rey están cifradas las últimas esperanzas de muchos españoles en un momento decisivo. Rubricar la amnistía que le pondrían Sánchez y Puigdemont encima de la mesa equivaldría a aceptar que las leyes y la Constitución españolas son ya quincalla y no valen nada, toda vez que las normas que nos obligan a todos se pueden ignorar si les viene bien a determinados políticos.