Negro escenario

De consumarse, las principales cesiones al separatismo catalán (amnistía y autodeterminación) liquidarán el sistema democrático. El escenario subsiguiente será un Estado fallido, un país sin ley, el caos. Será indigno seguir aceptando un juego trucado, o la legitimidad del poder del déspota, que es el nombre preciso que merecerá Sánchez –que ya va mereciendo– por regalar la impunidad y la razón a la banda que derogó la Constitución y rompió la convivencia en Cataluña, y que ahora piensa arrebatar la soberanía a su titular, el pueblo español. La amnistía está en curso y solo podrá detenerla la Justicia europea. El TC también podría, pero no lo hará.

Los socialistas presentan la amnistía, enorme injusticia, como herramienta de reconciliación. Saben que es lo contrario, del mismo modo que saben de su inconstitucionalidad, como consta en todas las declaraciones que vertieron al respecto antes de depender de Junts para la investidura. Si lo saben y siguen es porque confían en terminar con la alternancia como parte del autogolpe en marcha. ¿Reconciliación? Escuchemos a la otra parte del pacto, cuyo diferente público demanda una explicación contraria: «Volvería a hacer [sic] el 1 de octubre y lo haría mejor» (Jordi Turull, secretario general de Junts). Lo haría mejor, sí, porque la amnistía le dota de la razón formal: se la entrega el Estado colocándose a sí mismo como culpable y a las mafias cleptocrática (pujolismo), procesista (Mas, Torra) y golpista (Puigdemont) como víctimas.

Sigue Turull: «Para la resolución del conflicto presentamos dos vectores: amnistía y autodeterminación. Ahora tenemos que ir con toda la fuerza a por la segunda». Atención al lenguaje: «Conflicto». Se disponen a acabar con el imperio de la ley atendiendo a consideraciones que se nos presentan como superiores y que justifican el cambio de régimen. Más Turull: «Si un juez quiere demorar el plazo voluntariamente estará prevaricando». Los condenados e indultados, los fugados quieren juzgar a los jueces. De momento en comisiones parlamentarias que se constituirán de facto en tribunales por encima de la Justicia.

Por si no queda claro, lo de «demorar el plazo» se refiere a la interposición de cuestiones de constitucionalidad ante el TC o prejudiciales ante el TJUE. Con un líder prófugo que tiene causa abierta por terrorismo en el Supremo, niegan la fuerza del derecho europeo (recurrir al TJUE sería prevaricar, dicen) mientras Sánchez recorta el tipo objetivo de dos delitos que están en el código penal, en directivas europeas y en tratados internacionales: terrorismo y malversación.

Si la Justicia europea no funcionara, si la UE volviera a defraudarnos (como con el incumplimiento de euroórdenes, como con la consideración de eurodiputado durante toda la legislatura a quien no juró su cargo), el camino estará expedito para que ejerzan el derecho de autodeterminación quienes carecen de él según la Constitución y la ONU. El Gobierno Sánchez, fiado a la magia del lenguaje, lo llamará de otra manera. Y con la muerte del imperio de la ley, morirán también los principios de soberanía y de igualdad.