Ahora, a por los jueces
La consigna del discurso sanchista del lunes es inequívoca: el poder judicial debe ser destruido; procedemos a hacerlo
¡y ahora, a por los jueces…! Nadie se llame a engaño. No son los partidos de la oposición los que preocupan a Pedro Sánchez. Ni a su cónyuge. No es tampoco la prensa escrita, poder minúsculo que en bien poco puede contraponerse a la apisonadora audiovisual que, en España, monopoliza el gobierno: cualquier gobierno. Claro está que barrernos a todos cuantos escribimos le tienta. Y que, además, le sale, piensa, casi gratis. Pero no, no es ahí en donde se está jugando de verdad una partida que es la partida misma de la democracia: la que distingue un constitucionalismo europeo de un populismo caribeño.
La mascarada de estos días ha buscado –sigue buscando y está a punto de consumarlo– armar una máquina de guerra al servicio del único objetivo de envergadura decisiva. Y de prioridad absoluta. Una vez que el parlamento ha sido reducido a atrezzo ornamental de un gobierno que practica exhaustivamente el arte del decreto-ley, sólo un poder –porque nada más que tres son los poderes que constituyen un Estado democrático– puede poner freno material al bonapartismo con el que sueña el presidente. La consigna del discurso sanchista del lunes es inequívoca: el poder judicial debe ser destruido; procedemos a hacerlo.
No hay, después del lunes, enigma alguno sobre lo que viene. Vamos a ver, de inmediato, cómo se pone en marcha la máquina de tejer decretos-ley para consumar tal proyecto. Objetivos prioritarios:
a) legislación que permita el pleno asalto al Consejo General del Poder Judicial para colonizarlo al cien por cien desde la Moncloa;
b) a partir de ello, control total del Tribunal Supremo;
c) lo antes posible, transferencia de las funciones de los jueces instructores (legalmente libres de dependencia jerárquica) a las manos de una fiscalía cuya estructura jerárquica está institucionalmente tasada: «y la fiscalía, ¿de quién depende?,… Pues eso» (Sánchez dixit).
Tal es la esencia del proyecto de autogolpe que se puso en marcha el 24 de abril de 2024. Su primer movimiento táctico se ha consumado. Con éxito. El presidente y su esposa cuentan con la invencible apisonadora mediática de las pantallas para imponer a los ciudadanos una percepción invertida de la realidad: y así el autogolpe será presentado como la barrera que impidió el golpe de los enemigos del pueblo; y el borrado de la justicia autónoma será exhibido como benevolencia socialista contra una oligarquía judicial sangradora del indefenso hombre de la calle. No ha habido un régimen despótico en los dos últimos siglos que no lo haya proclamado así. Ni uno sólo.
Si el resto de los movimientos se cumple con la misma eficacia; si la independencia del poder judicial es destruida; si, para hacer invisible su destrucción se logra borrar a los escasísimos medios informativos que estorban al monopolio mediático del gobierno; si la justicia queda en manos de los políticos; si los hace invulnerables; si hace también invulnerables a sus familias…, la democracia se habrá extinguido. Aunque siga utilizando para sí la prestigiosa denominación de «democracia».
Democracia es –y no es más que– la división y autonomía de tres poderes contrapuestos: legislativo, ejecutivo y judicial; parlamento, gobierno y jueces. Sin eso, habrá populismos más o menos locuaces, más o menos benevolentes, más o menos tiránicos; democracia, no. Que nadie olvide que todos los despotismos modernos –sin excepción– se han proclamado a sí mismos «democracias más perfectas», «democracias avanzadas», «democracias populares»… O «democracias depuradas», como la que reclamó anteayer el «Señor Presidente». Sin jueces que enturbien su bella imagen.
Comentarios
