Fue un golpe de Estado

El ataque a la democracia de los secesionistas catalanes fue un golpe de Estado. Lo dice el Tribunal Supremo. No solo los principios democráticos básicos y la cultura política propia de una democracia avanzada. También el propio Tribunal Supremo, en una resolución brutal que debería poner al Gobierno de Sánchez en el punto de mira de cualquier institución democrática internacional. De entrada, de la Comisión Europea, de cara a esa valoración que está realizando sobre la Ley de Amnistía, como recuerda en el informe que ha publicado esta semana.

A nadie en el planeta democrático se le ocurrió calificar de participación democrática el asalto al Capitolio que tuvo lugar en enero de 2021. Tampoco a nadie se le pasó por la cabeza llamar expresión de desafección y protesta al golpe de Estado de Tejero en España. Y a tantos otros ataques graves a las instituciones democráticas. Pero las palabras son poderosas, y la capacidad de la izquierda para imponerlas, aún más. Y así llevamos varios años, desde que Sánchez necesitó a los golpistas para ser presidente, soportando la subversión de las palabras, y escuchando a izquierda y nacionalistas que aquello fue un acto de protesta, una expresión de voluntad popular, una muestra de desafección ciudadana, una acción de participación democrática. ¿Golpe de Estado? Es usted un ultra, un provocador, un facha.

Y como el miedo a la presión de lo que algunos llaman dictadura progre sigue siendo grande, lo cierto es que el concepto de golpe de Estado casi había desaparecido del debate público. De ahí la relevancia de que el Tribunal Supremo lo recuerde. Que fue un golpe de Estado y que los secesionistas que lo protagonizaron son golpistas, palabras que repite el Supremo varias veces, para que no quede duda alguna. En una fundamentación impecable e incontestable. Al menos desde los principios democráticos y constitucionales, otra cosa son los principios de Conde-Pumpido.

Afirma el Supremo que la Ley de Amnistía vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y el principio de seguridad jurídica. Es decir, amnistía delitos cometidos con determinada finalidad política, independentista, pero los mismos delitos obligarían a cumplir las penas si se cometieran con otras finalidades políticas. En otras palabras, que usted se quedaría en la cárcel si da el mismo golpe de Estado, pero en nombre de la unidad de España o de cualquier otra finalidad que se le ocurra. Y añade el Supremo que cualquier grupo podrá ver amnistiados sus delitos si consigue una significativa representación electoral. Y que es sorprendente, más bien ofensivo, que se fundamente la amnistía en la desafección de quienes apoyan a los golpistas, puesto que esto provoca la desafección de los demócratas, de los que siempre respetaron la ley.

Fue un golpe de Estado, Junqueras, Puigdemont y compañía son golpistas; la Ley de Amnistía vulnera el principio de igualdad de los españoles y el de seguridad jurídica, y premia a los partidarios del golpismo frente a los demócratas; y están en cuestión los principios constitucionales y el sistema democrático mismo. Son palabras del Tribunal Supremo.