Desigualdad real

Me encuentro reflexionando sobre lo dramático que sería una ley de «amnistía» o, mejor dicho, un ataque a la igualdad ante la ley de los ciudadanos. ¿Por qué una casta dirigente está exenta de cumplir con las responsabilidades legales? No creo que la continuidad del Dr. Sánchez Castejón en su puesto sea motivo suficiente, realmente nada lo es. Sin igualdad real –no la que se intenta imponer desde el Ministerio de la Sra. Montero Gil– no hay Democracia, por lo menos no entendida dentro de los parámetros occidentales.

Me pregunto qué pasaría si el bloque conservador actuara de la misma manera que los posibles socios del actual presidente. Los populares gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas y tienen la mayoría absoluta del Senado, es decir, no sería posible la aplicación del artículo 155 de la Constitución sin el concurso de los parlamentarios del Partido Popular. A ello se suma la derogación del delito de sedición, un desarme del Estado que podría ser utilizado para que en el momento de legislar semejante disparate los dirigentes de la derecha decidieran no acatar lo dispuesto desde Moncloa o incluso dictar la destitución del presidente, una medida claramente inconstitucional. ¿Cómo podría el Gobierno de España hacer frente a este levantamiento sin un Estado con las armas jurídicas que tenía antes de la llegada a la presidencia del actual líder socialista? ¿Sería capaz de usar los estados de alarma, de excepción o de sitio ante medidas sediciosas? ¿Con qué legitimidad castigaría a unos y perdonaría a otros?

Saliendo de la política ficción, volviendo a la realidad nacional y presuponiendo la lealtad institucional de los partidos que conforman el bloque conservador no nacionalista –ya que para la izquierda española los posconvergentes de Puigdemont y el PNV son progresistas, o eso hacen ver en sus declaraciones–, qué posibles opciones constitucionales quedarían para evitar que el ejecutivo que se conforme en esta legislatura no tome tal medida. La primera sería llevarla al Tribunal Constitucional tras su aprobación, aunque es de todos conocido que el actual presidente, el Sr. Conde Pumpido, no presenta un perfil imparcial. La segunda opción sería poder conformar un Gobierno conservador tras convencer al Partido Nacionalista Vasco de prestársele su apoyo a cambio de, seamos sinceros y claros, más dinero y beneficios, así como la ausencia de Vox en la toma de decisiones legislativas y ejecutivas. Esta posibilidad aparentemente improbable se puede ir tornando como alternativa ante la crítica interna de los nacionalistas, que ven como los socialistas vascos y EH Bildu les van comiendo terreno en Euskadi y en Navarra. A mi entender, una tercera opción sería una acción patriótica, la de convencer a los dirigentes socialistas de la necesidad de abandonar a su líder a cambio de ofrecerles su apoyo incondicional y sustentar un gobierno en solitario del PSOE y, de no ser así y tener su secretario general un poder absoluto de la organización, proceder a un acto que podría ser el fin del PP, apoyar al actual líder de los socialistas y garantizar el apoyo parlamentario para que no dependa de las exigencias de separatistas, golpistas y de la izquierda radical. Al fin y al cabo, el interés general de España y la igualdad ante la ley de los españoles deben estar por delante del partido.