Una situación insostenible

Las últimas revelaciones de la UCO sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dan la puntilla a la credibilidad del titular de una institución clave en la defensa del Estado de derecho. Los agentes detallan que borró más de 1.500 chats de WhatsApp con 5.800 mensajes en dos ocasiones el 16 de octubre de 2024, el mismo día en que el Tribunal Supremo abrió causa contra él por presunta revelación de secretos vinculados a la filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Además, eliminó deliberadamente su cuenta de Gmail personal, donde supuestamente recibió documentos sensibles del caso.

La intencionalidad desmonta su argumento de que lo hizo por «protocolo». Se evidencia la eliminación masiva de pruebas y que el borrado coincidiese con el inicio de su procesamiento alimenta las ya de por sí persistentes sospechas de obstrucción. La noche en que se filtró el correo del abogado de González Amador, el teléfono de García Ortiz registró 20 llamadas en cuatro horas, todas dentro de la Fiscalía. Cierto es que la Guardia Civil acredita que no habló por teléfono con ningún periodista ni con nadie ajeno a la Fiscalía, pero pudo hablar por WhatsApp. Ni protocolos ni ánimo de preservar información sensible, pocas excusas creíbles quedan a un fiscal imputado, con la credibilidad por los suelos y con una indeleble mancha de sospecha a sus espaldas. Nada esconde, quien nada teme. Su situación es insostenible a todas luces, menos a las del Gobierno. ¿Cuál es el mensaje que se envía a la sociedad sobre la justicia y la rendición de cuentas? La justicia aplicada según la conveniencia política o personal no es justicia.