Contra la inhumana ingeniería social del Gobierno

La torpeza que el Gobierno exhibe para gestionar los problemas reales de la sociedad en su conjunto se transforma, de manera impúdica, en una destreza sorprendente para intentar moldearla con arreglo a un canon ideológico adaptado a sus intereses políticos.

Nunca se ha visto en España un Gobierno que, en tan poco tiempo, haya cosechado tantos y tan sonoros fracasos, unos inducidos por sus decisiones y otros por la falta de ellas: desde la crisis económica hasta el drama sanitario han tenido en Moncloa un acelerador, en lugar de un freno, por mucha propaganda que despliegue luego para tapar sus estropicios y muchas complicidades interesadas que se compre para ayudarle a crear esa inmensa ficción.

La abrumadora mortalidad del coronavirus, superior de largo a la media mundial; y la profundidad del hundimiento económico, sin parangón en Europa con los datos oficiales de PIB, paro, deuda y déficit en la mano; resumen la trayectoria de un Gobierno lastrado además por los insoportables peajes de sus socios y aliados.

Pero tampoco se ha visto nunca a un Ejecutivo que, en lugar de concentrarse en enmendar ese desastre, aproveche las circunstancias para imponer un proyecto de ingeniería social sin precedentes por su dimensión, su trascendencia y su sectarismo.

Si la Ley de Educación es la herramienta de construcción en las aulas, sustentada en la eliminación del mérito y la promoción gratuita a cambio de una enseñanza doctrinal y de la sustitución de la familia como epicentro del crecimiento personal; la batería de leyes inhumanas que la acompañan aspiran a hacer lo mismo en el conjunto de la sociedad.

La inminente ampliación de la Ley del Aborto, anunciada por Irene Montero para diciembre, es un desafío a la propia esencia del ser humano que casi criminaliza la maternidad e invita a desecharla, como si fuera condición indispensable para ser una «auténtica» mujer.

Que en el anteproyecto se incluya además la invasión de la ideología de género en los colegios, con la visión torticera habitual del Ministerio de Igualdad, ha de encender todas las alarmas y suscitar una oposición frontal, sin ambages y cargada de razones.

Las mismas que han de oponerse al resto de leyes que pretenden homologar la enfermiza transformación del ser humano en un objeto moldeable al antojo ideológico de ese delirio: desde la llamada «ley trans», que convierte el sexo biológico en una imposición y alienta el cambio de género con una simple visita al registro civil; hasta la llamada ley del «solo sí es sí», que criminaliza las relaciones preventivamente e invade la intimidad más básica desde comisariados políticos; todo conforma una hoja de ruta perniciosa e inhumana.

Coronada por la aprobación de la eutanasia, una atroz herramienta que consagra el inexistente «derecho a morir» sirviéndose del necesario derecho a unos cuidados paliativos imprescindibles cuando la vida termina y el sufrimiento es insoportable: solo una sociedad inhumana ofrece la muerte como respuesta a la enfermedad, el dolor, la depresión o cualquiera de los padecimientos mundanos.

Si a todo ello se le añade la Ley de Memoria Democrática, la conclusión es evidente: se aspira a construir un pasado a la carta para edificar, sobre él, una sociedad a imagen y semejanza de un poder con ínfulas de perpetuidad.

Es tan inmenso el desafío, que no se entendería nada bien la laxitud en la respuesta parlamentaria, jurídica y social. Empezando, desde luego, por la de la oposición actual, muy falta de tensión en la réplica, como si se avergonzara casi de plantar cara al desvarío vigente.

Si ya fue un formidable error no desmontar punto por punto los precedentes implantados en tiempos de Zapatero; sería irreparable que ahora renunciara a sus obligaciones más elementales frente a tanto despropósito y no hiciera, de este asunto, una prioridad de su actuación política y un anticipo de lo que hará cuando llegue al Gobierno para acabar con tantos abusos.