Sánchez, responsable del horror de la DANA

El presidente del Gobierno es el primer y máximo responsable de la gestión de una catástrofe de la dimensión de la sufrida por la Comunidad Valenciana y, en menor medida, por otras cuatro regiones. Lo es antes de que se produzca, para adoptar medidas preventivas, y lo es a continuación, para auxiliar a los afectados y atender los estragos.

No es una interpretación, como tantas otras que señalan al presidente del Gobierno o al de la Generalitat valenciana en función de meros posicionamientos políticos, sino un hecho inapelable derivado del preciso ordenamiento jurídico nacional, pisoteado por unos, ignorado por otros y enmarañado por algunos más para borrar la huella de las infinitas negligencias cometidas en este drama.

El Debate publica hoy, con documentación oficial del propio Gobierno, las pruebas de que Pedro Sánchez siempre ha estado y estará al frente de emergencias como esta, previstas e incluidas por él mismo en su hoja de ruta para preservar la Seguridad Nacional, que a su vez se asienta en una Ley sin interpretaciones alternativas, que también fija el papel, secundario aunque relevante, de otras administraciones como la encabezada por Carlos Mazón.

El presidente del Gobierno tiene el mando, no puede renunciar a él ni delegarlo y no existen leyes, reglamentos ni protocolos de superior rango a esa obligación legal, sustentada además en el más elemental sentido común: a una emergencia nacional le corresponde una respuesta nacional, con todos los recursos del Estado necesarios para atenderla que, obviamente, solo puede movilizar la máxima autoridad ejecutiva de un país.

No era necesario, como sostienen unos u otros, que el presidente valenciano elevara la alerta para activar al Estado. Ni tampoco que el presidente impulsara un Estado de Alerta o de Emergencia, como hizo con la pandemia en toda España o en exclusiva para la Comunidad de Madrid, en este caso con intenciones políticas contra Ayuso que, visto todo con perspectiva, demuestran su capacidad para suplantar supuestas competencias autonómicas que ahora consideraba falazmente intocables.

El despliegue preventivo y a continuación el socorro de las víctimas y de las zonas afectadas solo hubiera necesitado de un decreto presidencial que debió aprobarse y se ignoró, en un flagrante caso de omisión con resultados horribles, ahora tapado con la enésima campaña de la izquierda para convertir una tragedia, de la que en este caso es además responsable, en una oportunidad política contra sus rivales.

Sánchez debió anticiparse a los estragos poniendo en marcha, con la ingente información recibida, una respuesta activa que minimizara los daños, con medidas tan sencillas como instar a los ciudadanos a quedarse en sus casas, cerrar el tráfico por carretera o incluso evacuar los pueblos potencialmente más afectados.

Tuvo suficientes alertas de que algo grave iba a pasar, tenía a su alcance remedios paliativos y disponía de la herramienta jurídica para hacerlo todo con la urgencia requerida. Y, desde luego, disponía de la autoridad legal para, a renglón seguido, acudir al rescate de los afectados con todos los recursos del Estado y el apoyo, en el papel que él decidiera, del resto de administraciones.

Que el Gobierno no activara sus facultades para atender una emergencia de «interés nacional», perfectamente descrita en el ordenamiento jurídico español, es la prueba de su negligencia dolosa, y no un argumento para señalar a la Generalitat valenciana: es intolerable que la falta de reacción a la que estaba obligado se transforme en una exoneración por el burdo procedimiento de ubicar en el espacio autonómico lo que siempre estuvo en el ámbito nacional: Sánchez no tenía derecho a mirar para otro lado. Y, sin embargo, lo hizo.

Puede y debe discutirse sobre la eficacia de Carlos Mazón y de su Gobierno, superado por las circunstancias, lastrado por sus errores y presa, además, de una campaña feroz de sus detractores políticos y de los altavoces mediáticos al servicio habitual de Sánchez.

Pero su eventual incompetencia es opinable y en todo caso secundaria al lado de la desaparición de un Gobierno que, simplemente, era, es y será responsable de todo y no podía ausentarse.

Las responsabilidades morales y operativas de Mazón, mal atendidas, merecen sin duda una reprobación cuya dimensión exacta decidirán los valencianos en las urnas en el momento oportuno. Pero las legales de Sánchez, y de su Gobierno, son concretas, irrebatibles e irrenunciables.

Él abandonó a su suerte a miles de ciudadanos en cinco regiones, ignoró la Ley que le obligaba a actuar antes y después, renunció arteramente a un mando que tenía, omitió la figura institucional que diseñaba la forma de proceder ante la tragedia y coordinaba al Estado en todos sus niveles e incumplió una Ley inequívoca por encima de la cual no existe nada de rango superior que la pueda marginar.

Y, además de ese cúmulo de insensateces, lanzó una burda, pero exitosa campaña, en la línea manipuladora del Prestige, el 11-M o el accidente del Alvia; para esconder su extrema negligencia y acusar a un rival, cuya torpeza y desconocimiento de sus verdaderas atribuciones y de las del presidente, le ha hecho parecer culpable, cuando solo él mismo lo es.

Las víctimas se merecen la verdad. Y el conjunto de los españoles también, sin cálculos políticos inaceptables, en favor de unos u otros, cuando el escenario es de devastación, tantas vidas se han perdido o han quedado dañadas y solo la decencia ha de modular la acción política, la respuesta institucional y las opiniones públicas. Sánchez es culpable, y por el honor de los afectados y la prevención futura, hay que decirlo, sostenerlo y ponerle el precio que su infinita desidia reclama.