El cumpleaños de un Rey lejos de España

El Rey Juan Carlos cumple hoy 84 años en un destierro, tan oficioso como inducido, que le somete a una injusticia personal pero también denota el deterioro institucional de España y la implantación de un sectarismo político nada inocente contra sus mejores valores y pilares democráticos.

Si nadie es culpable de nada mientras no se demuestre lo contrario, como reza la garantía germinal de un Estado de Derecho, tampoco debe sufrir penas anticipadas que no nacen de procedimiento judicial alguno. Esas penas surgen de la inaceptable imposición de una condena paralela, al margen del sistema, que precisamente intenta minarlo en su conjunto.

Todos los errores personales que haya podido cometer Don Juan Carlos quedaron substanciados, hace años ya, con una abdicación ejemplar e infrecuente en otros servidores públicos de currículo bastante menos edificante y dignos de menor condescendencia.

Y de todos los supuestos excesos señalados en formato de hoguera inquisitorial, de índole incluso penal, ninguno de ellos ha merecido la apertura de una causa judicial firme, acotada en el tiempo y, como todas ellas si hay materia, finalizadas con una acusación formal.

Al contrario, una a una, tras eternas diligencias e instrucciones con una evidente intencionalidad política comandada por la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado, han sido archivadas en las instancias oportunas por la endeblez de la acusación, la inexistencia de pruebas y el evidente impulso malintencionado que las promovía.

Y solo se mantienen «abiertas» en los tribunales oficiosos alimentados por los mismos partidos políticos que, con sus apoyos mediáticos, se dedican con fiero empeño a derribar la noción de la España constitucional, de la que la Corona es el mejor símbolo.

Y es eso, precisamente, lo que explica el maltratato inaceptable al Rey de la Transición y al ser humano octogenario, dos facetas de la misma persona que merecen otro pago a sus servicios: permitir este vapuleo equivale, no nos engañemos, a tolerar el propio vapuleo de los valores que el anterior jefe del Estado ha encarnado durante décadas con dignidad y brillantez.

España hoy es un país que acerca a sus casas a terroristas con asesinatos a sus espaldas, convierte en socios de Gobierno a partidos anticonstitucionales como Bildu o ERC, indulta a delincuentes como Junqueras y blanquea a otros como Otegi o hasta se plantea abolir la prisión permanente revisable para criminales sexuales reincidentes. Que en una España así la mayor y más tendenciosa dureza esté reservada para un icono de la democracia y del progreso de España, es intolerable.

Que Don Juan Carlos alcance su provecta edad en el extranjero, tratado como un apestado en la misma España que despidió el año con homenajes a Henri Parot y tiene en la Presidencia al dirigente más opaco y falsario desde 1978, lanza un mensaje muy negativo sobre el país y avala las peores conjuras contra él.

Porque al Rey Juan Carlos se le humilla para humillar a la Corona y a ésta a su vez como emblema de una España que se quiere desmembrar. Por eso su sitio debe ser La Zarzuela, y no solo para efímeras estancias discretas.

Un Rey, y el Rey Juan Carlos especialmente, no tiene que moverse de su casa, ni de su país ni esconderse de una ciudadanía que, a buen seguro, le profesa el afecto, la indulgencia y el reconocimiento que su larga trayectoria merecen.