Estudiar en español en Cataluña no es negociable

La Generalidad de Cataluña deberá impartir el 25 por ciento de la enseñanza pública en español, en ejecución de la sentencia que así lo decidió a finales de 2020 y que hasta ahora se ha venido demorando, entre otras razones, por el sonrojante auxilio de la Abogacía del Estado a las autoridades educativas catalanas.

Que el fallo tenga la firma del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rompe el absurdo relato victimista de la Generalidad, que no podrá denunciar la «imposición» de una instancia judicial madrileña: ha sido su propia «jurisdicción» la que ha restituido el elemental derecho a que la lengua de todos esté presente en las aulas de toda España.

La resistencia del nacionalismo a aplicar las leyes en general, y las educativas en particular, ha gozado de una impunidad imposible de entender sin la laxitud de las autoridades nacionales desde hace décadas y, además, sin la complicidad del actual Gobierno en los últimos tiempos.

Porque al papel de la Abogacía del Estado, que se dirigió de forma sonrojante al TSJC para pedirle que no ejecutara aún la sentencia, cabe añadirle la exclusión del español como lengua vehicular de la enseñanza catalana, un despropósito más de la cadena de concesiones de Sánchez a sus aliados e interventores.

Y esa sumisión, que no parece vaya a detenerse, seguramente prolongue la insumisión del separatismo y perpetúe la indigna marginación del español allá donde los asfixiantes tentáculos de la Generalidad alcancen: lo que se hace en las aulas, con un afán castrante para los niños, forma parte de un plan mayor que ha transformado la inmersión lingüística en una persecución del idioma común y en una herramienta espuria de construcción de una identidad independentista desde las edades más tempranas.

Que haya tenido que ser una asociación particular quien haya peleado por la escuela bilingüe atestigua la rendición de las autoridades españolas de una de sus responsabilidades básicas, cual es la preservación del derecho –y de la obligación– de utilizar y conocer el español en toda España.

Un país que no sabe cuál es su idioma, que discute sus límites territoriales y persigue su identidad nacional es, por definición, un país débil para atender inmensos retos

Las lenguas son puentes, no trincheras, y su fin es facilitar la comunicación, no entorpecerla con delirios ideológicos excluyentes que amputan a la sociedad una parte de su propio patrimonio: el español es tan catalán como madrileño o andaluz; y solo la perversa mentalidad nacionalista intenta presentarla como una lengua invasora.

Un país que no sabe cuál es su idioma, que discute sus límites territoriales y persigue su identidad nacional es, por definición, un país débil para atender los inmensos retos de una era donde todo cambia y nadie espera a los rezagados: perder energías en debates inanes mientras el mundo busca respuestas a grandes preguntas no solo nos hace menos competitivos. También más pobres y menos preparados para los formidables desafíos que la nación tiene por delante.