Un asunto mucho más inquietante que el simple espionaje al presidente
Que el jefe del Ejecutivo y la máxima responsable de Defensa hayan sido espiados es un asunto muy grave. Pero más aún lo es el reconocimiento público de la debilidad de nuestros sistemas de protección y del uso espurio que el Gobierno puede hacer de ello
El caso del espionaje con el programa Pegasus ha dado un vuelco al conocerse que el mismísimo presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también han sido espiados con el programa israelí. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de anunciar la existencia de estas intrusiones, calificándolas de «ilícitas» y «externas». Es decir, el CNI no estaría involucrado en estas intervenciones, lo que teóricamente convierte al Gobierno en víctima de escuchas en el mismo plano de igualdad que los líderes independentistas que también han sufrido el azote de Pegasus.
Pero solo teóricamente, pues el asunto aún está rodeado de muchas vaguedades e inconcreciones. Y conociendo la política de comunicación de Moncloa, a buen seguro se sabrá administrar la difusión a la opinión pública de unas informaciones que, dadas las circunstancias, son mucho más tenebrosas que el simple espionaje al presidente del Gobierno. Algo que, sin duda, ya es un asunto de enorme gravedad.
La exposición de las conversaciones y de los documentos contenidos en los teléfonos del jefe del Poder Ejecutivo y de la máxima responsable de la Defensa nacional a ojos de los servicios de inteligencia de un país extranjero o de una corporación empresarial multinacional –únicos responsables de un espionaje de este calado, por lo que se deduce de las palabras del ministro Bolaños– representa un daño gravísimo para nuestra seguridad. Esclarecerlo y reparar en lo posible los fallos y perjuicios provocados debe ser la prioridad, por el bien público primero y por la integridad del Gobierno después.
Pero las formas y los antecedentes con los que se ha llevado a cabo este anuncio dan lugar a otras muchas incógnitas e interrogantes tan inquietantes como la sola escucha ilegal de uno –tendrá varios, es de suponer– de los teléfonos del presidente.
Cabe preguntarse por qué razón se reconoce con tanta pompa mediática y prodigalidad de detalles un caso tan bochornoso y preocupante como el espionaje al presidente. Y aquí es donde surgen toda clase de dudas sobre la finalidad de su difusión
Para empezar, es inevitable preguntarse por el grado de protección de dos de los teléfonos más importantes y sensibles del Estado. Porque si se ha podido acceder a sus contenidos, o bien tenemos 'enemigos' muy poderosos y agresivos o nuestros servicios de seguridad son manifiestamente mejorables, siendo indulgentes.
También cabe preguntarse por qué razón se reconoce y divulga con tanta pompa mediática y prodigalidad de detalles un caso tan bochornoso y preocupante como el espionaje al presidente y a la titular de Defensa. Y aquí es donde surgen toda clase de reservas sobre la finalidad real de su difusión pública.
Si se ha informado de ello para tratar de tranquilizar a los socios de investidura, para disponer de un material con el que armar un pretexto que permita destituir a altos funcionarios del CNI, para tapar otros espionajes poco decorosos y justificables de nuestros propios servicios de inteligencia o simplemente para desviar la atención, ganar tiempo o hacer propaganda; son cuestiones que han de tener una respuesta absolutamente aclaratoria. De modo que hay que quedar a la espera.
Por lo pronto, la escenificación resulta de lo más sospechosa y alienta todas las desconfianzas. Y de partida está la pregunta esencial y más alarmante en el contexto de un Estado de Derecho: si el presidente Sánchez y la ministra Robles han sido espiados, ¿qué clase de intromisión y vulneración no podrá sufrir cualquier ciudadano?