La infame persecución a un gran servidor público

Lejos de remitir la persecución al coronel Pérez de los Cobos tras el amparo recibido por el Tribunal Supremo, el ministro del Interior ha recrudecido su insidiosa persecución contra un servidor público ejemplar que antepuso sus obligaciones con la Justicia y la Guardia Civil a los deseos del Gobierno.

Porque su despido, ahora considerado ilegal, obedeció a su negativa a convertirse en la «Policía patriótica» de Sánchez, que pretendió, a través de Marlaska, que atendiera las indicaciones judiciales de investigar la relación entre las manifestaciones del 8M de 2020 y la rápida extensión del coronavirus en Madrid.

Algo, por cierto, que es evidente, como demostró El Debate con un dato inapelable que debería tener consecuencias penales: en la semana posterior a las concentraciones feministas, consentidas e impulsadas por el Gobierno con una negligencia inaceptable, el exceso de mortalidad se disparó un tristísimo 71 por ciento en la capital.

Que el Gobierno intentara boicotear el trabajo de los tribunales y que, ante ello, un alto mando de la Guardia Civil se negara y pagara un precio inmenso por ello, evidencia la desigual catadura de todo ello y da un valor impagable al fallo del Supremo, en sí mismo una invitación al cese de Marlaska y a una auditoría global de la gestión de la pandemia, prometida por Sánchez y ahora incomprensiblemente ignorada.

Con esos antecedentes, lo último que cabría esperar del titular de Interior es que, además de no asumir sus responsabilidades políticas presentando su renuncia, se atreviera a acusar al damnificado con insidias merecedoras de acciones legales, sin duda.

Porque le puso bajo sospecha por la gestión de los llamados fondos reservados, en tiempos del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior y, a continuación, le relacionó con el caso Kitchen, que investiga la supuesta utilización de los Cuerpos de Seguridad para seguir los pasos del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y no como se pretende para acosar a rivales políticos de los populares, por situarlo en su verdadero contexto.

Cobos, en realidad, no aparece en ningún auto judicial y su currículo se caracteriza por su impecable rendimiento en contextos tan complejos como el terrorismo de ETA o la deriva rupturista del separatismo catalán en 2017, donde prestó servicios dignos de reconocimiento moral, profesional y formal.

El coronel, al que también parecen haber boicoteado su ascenso al generalato, no sólo es un ejemplo encomiable de la resistencia del Estado de derecho a los abusos del poder político provisional, sino una vara de medir los principios y objetivos de un Gobierno capaz de convertir a los garantes de la democracia en enemigos para, sensu contrario, blanquear a los verdaderos rivales del orden constitucional.

El reconocimiento que le niega Sánchez a un gran guardia civil se lo da la sociedad española, sin duda, pero con eso no basta: su protección es un asunto preferente de todos, en el Parlamento, los juzgados y, desde luego, los escasos medios de comunicación que mantienen una independencia crítica más necesaria que nunca.