La democracia, amenazada por los intentos de «pucherazo»

Las dos tramas de compra de votos en Melilla y Mojácar colocan a las Elecciones Autonómicas y Municipales del próximo domingo en una situación inédita y dramática a partes iguales, cercana a la excepcionalidad, pues nunca se había constatado con tanta claridad un vergonzoso intento de amañar su resultado.

El Debate ha señalado hasta ahora todas las dudas relativas al proceso electoral para, a continuación, desecharlas desde la convicción de que, por perversas que fueran las intenciones de algún partido, los sistemas de control, intervención y recuento harían inviables sus planes.

Pero estos episodios no ayudan a mantener esa postura, y mucho menos la reacción posterior de los afectados que, no nos engañemos, son el PSOE y sus socios ideológicos agrupados en el entorno de «Sumar», la plataforma de Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, Ada Colau y Joan Baldoví, entre otros.

Porque, lejos de contribuir a la tranquilidad democrática y a la confianza de la sociedad con una batería de explicaciones y de medidas contundentes, el PSOE se ha dedicado a intentar incluir al PP en el escándalo de Melilla, de una manera burda y sin prueba ni lógica alguna.

Y a borrar de mala manera el respaldo de Félix Bolaños a su candidato en Mojácar, beneficiario de las trampas que dos miembros de sus listas, detenidos por la Guardia Civil, al parecer perpetraban.

Los hechos son tan contundentes e inquietantes que todo lo que no sea afrontarlos, depurarlos y explicarlos, hasta el más nimio de los detalles, equivale a querer taparlos.

Porque Coalición por Melilla gobierna con el PSOE y es, a su vez, aliado de Más País, los Comunes y Compromís. Y porque los líderes del partido promarroquí y del socialista ya fueron condenados, en sentencia firme del Tribunal Supremo, por delitos similares a los que ahora ha detectado la Policía Nacional.

Y porque, además, existe la fundada sospecha de que Marruecos ha participado de algún modo en el apaño, elevando a categoría internacional un escándalo que es ya cualquier cosa menos doméstico: Rabat aspira a hacer con Melilla y Ceuta lo mismo que Sánchez le ha dejado hacer ya en el Sáhara, de manera unilateral y sin respaldo del Parlamento; lo que dispara la gravedad de una adulteración electoral que podría acercarle a ese objetivo.

La democracia, tensionada por Sánchez y su constante asalto a los contrapesos institucionales del Estado, vive momentos delicados, agravados por las dudas que genera el voto por correo, controlado por el colaborador directo del presidente del Gobierno en calidad de presidente del organismo postal; por el control gubernamental de Indra, por las manipulaciones del CIS y por los cambios en el Instituto Nacional de Estadística, responsable del censo.

Si a las intentonas de revocar el mandato libre de las urnas en al menos dos ciudades se le añaden las sospechas que generan todas las decisiones del Gobierno relativas a los mecanismos de gestión y control del procedimiento electoral; hemos cuando menos de activar todas las alarmas y exigir todas las explicaciones.

Sánchez inició su carrera colocando una urna tras un biombo en la sede del PSOE; la continuó plagiando una tesis para lograr el título de doctor y la ha mantenido con un grado extremo de opacidad y cacicadas señaladas, de manera sistemática, por el Consejo de Transparencia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional.

Su credibilidad democrática es muy reducida. Y eso, cuando España tiene que elegir libremente a sus representantes públicos, es intolerable: si Sánchez no es capaz de explicar con urgencia tal cúmulo de indicios de «pucherazo» y demostrar de manera fehaciente que las elecciones van a ser limpias, hoy mismo debería dimitir de todas sus funciones. España no se merece esta inaceptable duda.