No son impuestos, es confiscación

El presidente del Gobierno ha vuelto a anunciar otra subida de impuestos, la enésima en sus seis años en el poder, con una argumentación ofensiva para la inteligencia. Según su insultante teoría, en España sobran Lamborghini (uno de los coches más caros del mundo) y faltan autobuses, un desajuste que piensa zanjar elevando la presión fiscal a «los ricos».

Si la premisa es falsa, las soluciones que a partir de ella se apliquen no pueden ser nunca razonables, lo que viene a destapar la verdadera intención de Pedro Sánchez, bien lamentable.

De un lado, obtener recursos a la desesperada para tratar de compensar la rendición fiscal ante el separatismo catalán, que puede provocar un boquete en las arcas del Estado de al menos 13.000 millones de euros anuales.

Y de otro, consolidar una especie de Estado asistencial en el que, mediante la criminalización de los recursos obtenidos por los agentes laborales y empresariales de la economía productiva, se extraigan los recursos para aspirar al voto cautivo de los receptores de todo tipo de subvenciones y subsidios.

Un país funciona cuando hay menos pobres, no cuando existen más ricos, y en España las cifras de marginalidad, desamparo y miseria se han disparado con Sánchez; a pesar de sus políticas extractivas de las rentas del trabajo y empresariales o familiares por mor de una fiscalidad cercana ya a la confiscación.

Con Sánchez, el esfuerzo fiscal ha subido en España un 30 por ciento más que en Europa, con una fiscalidad abrumadora para los empleados, quienes les contratan y las familias que ha hundido el poder adquisitivo y la capacidad de supervivencia o inversión de las pequeñas empresas, hegemónicas en un país lastrado por el reducido tamaño de sus sociedades, heroicas en esfuerzo y talento pero asfixiadas por un yugo impositivo intolerable.

A España le hace falta una reforma fiscal, sin duda, pero en el sentido contrario al aplicado por un Gobierno intervencionista y usurero, que bate récord de recaudación mientras todo lo demás se degrada y empobrece.

Reducir el esfuerzo de las rentas del trabajo, lastradas por unas cotizaciones desmedidas; aminorar las cargas a las pymes; recortar el número de impuestos y tasas nacionales, autonómicas y municipales o adelgazar el gasto público que sostiene una inútil industria política son medidas urgentes y, desgraciadamente, despreciadas por sistema.

La demagogia fiscal de Sánchez condena a España a una división de bloques, entre quienes aportan y quienes reciben, con fines claramente clientelares. Y el predominio del Estado como inviable dinamizador de la economía es una garantía de degradación de las oportunidades individuales y colectivas imprescindibles para un verdadero progreso.