Un Poder Judicial con capacidad de resistirse al Gobierno

La elección de la magistrada Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial puede parecer un paso más del Gobierno en su infame tarea de invadir las instituciones del Estado y acabar con la separación de poderes, pero, pese a las apariencias confusas, todo apunta a que es una buena noticia.

La elegida procede del llamado sector «progresista», el eufemismo con el que se adecenta la sumisión de determinados juristas a la izquierda más radical de Pedro Sánchez, pero emite tranquilizadores mensajes al respecto de su independencia: su militancia en Jueces para la Democracia, la asociación poco representativa de la carrera judicial que ejerce de portavoz político del PSOE habitualmente, pesa menos que su contrastada independencia, su solvencia jurídica y su altura ética, demostrada en unas cuantas resoluciones incompatibles con el partidismo que su origen presupone injustamente.

Que fuera propuesta por el sector conservador y haya logrado 16 de los 20 votos necesarios de los vocales del CGPJ es un indicio elocuente de su imparcialidad, imprescindible para un cargo que solo se debe a la legislación vigente y, en última instancia, a los ciudadanos.

Una sensación que consolida la evidencia de que, si hubiera sido por la Moncloa, ella nunca hubiera alcanzado el honor de presidir el órgano de gobierno de los jueces y, por extensión, el crucial Tribunal Supremo. Para Sánchez solo son válidos los clones de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado o en el Tribunal Constitucional, donde ha situado a sumisos peones de sus estrategias e intereses políticos.

No parece probable que Perelló responda a ese perfil, felizmente, y sí es razonable ubicarla en ese espacio razonable y necesario de jueces como Llarena que, más allá de adscripciones ideológicas personales, entienden su papel, defienden sus funciones y no se dejan amedrentar por las presiones políticas más burdas que se recuerdan en democracia, resumidas en la negligente posición del propio Sánchez como paladín de la teoría del «lawfare» a la que Perelló se ha opuesto expresamente.

La promoción de Perelló da esperanza a quienes creen que el primer requisito del Estado de derecho es distanciar a unos poderes de otros, algo que Sánchez ha profanado en multitud de ocasiones, con un descaro impropio de su posición, visible en la promoción de subordinados, amigos y militantes para las más altas responsabilidades públicas.

La sumisión del CGPJ hubiera sido trágica para la propia democracia, lastrada por el clientelismo soez del PSOE, capaz de invertir la autonomía de los poderes con tal de acoplar las decisiones de cada uno de ellos a sus intereses más espurios.

Y demuestra la eficacia del pacto del PP con el PSOE, rechazado por muchos, pero eficaz como pocos: no solo ha servido para evitar que otro Conde Pumpido dirija a los jueces, sino que desposee al nuevo presidente del voto de calidad en caso de empate y obliga al Poder Judicial a alcanzar consensos incompatibles con el rodillo tóxico del Gobierno.

Si hacía falta algo para entender la perentoria necesidad de defender la independencia del Poder Judicial, el propio Sánchez ayudó con la filtración de la infame promoción de unos de sus ministros, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España, el organismo regulador de la decencia económica nacional, de las reglas de juego del mercado y de la reputación financiera del país, desde ya presa del descrédito. Ni con la peor intención se puede designar a un miembro del Gobierno para fiscalizar las políticas económicas de ese Gobierno. Y su designación pone en valor la relevancia de la derrota del sanchismo en el Poder Judicial.