El apoyo a la familia: una política de Estado
No sólo el fomento de la natalidad sino otras muchas necesidades familiares dependen de que el apoyo a la familia reciba una adecuada atención dentro del gasto público
Un avión de combate perseguido por misiles guiados por fuentes de calor debe lanzar señuelos para evitarlos. De igual forma, la izquierda que nos gobierna (por decir algo amable) ha intentado con el debate de las familias numerosas desviar el foco de la opinión pública de sus terribles errores en la ley del 'sólo sí es sí', en la ley trans, en el entreguismo al separatismo catalán y a los herederos políticos de ETA, en la nefasta gestión de la Seguridad Social y de los fondos europeos y en tantos otros desaciertos que sin duda le pasarán factura en las diversas elecciones de este año 2023.
De puertas afuera, la izquierda radical y plural menosprecia a la familia, matiza su definición y tiñe de ideología su concepto del grupo humano más primigenio y natural. Ahora bien, cuando se trata de sus propias familias es muy difícil emular el desvelo de algunas personas de esa izquierda en promover su avance económico y social, un desvelo en el que algunos han perjudicado sus propias carreras políticas tras colocar o subvencionar a familiares de sangre o políticos.
Por encima de debates coyunturales y de ocurrencias grotescas (como llamar a la madre de toda la vida «progenitor gestante»), el apoyo a la familia, y en un grado especial a las familias numerosas, debería ser una política de Estado, en la que concurriesen todos los partidos políticos. Es algo imprescindible para hacer frente al reto demográfico, al envejecimiento de la población y a la sostenibilidad del sistema de pensiones, del gasto en sanidad y del estado de bienestar en general.
Así se entendió en Francia, donde, tras décadas de regresión demográfica, se inició en 1938 una política de apoyo a la familia que mantuvieron los sucesivos Gobiernos, cualquiera que fuese su ideología, con resultados muy positivos: la tasa de fecundidad se elevó hasta 2,01 hijos por mujer. Con el presidente socialista François Hollande (2012-2017) ese apoyo a la familia se restringió: se limitaron las subvenciones familiares en función de los ingresos, se redujeron las deducciones fiscales a la familia y los permisos familiares. Sin embargo, la tasa de fecundidad de Francia sigue siendo la más elevada de la Unión Europea, con 1,87 hijos por mujer.
También los países escandinavos han apostado por el apoyo a la familia y sus tasas de fecundidad lo acreditan: Suecia 1,76, Dinamarca 1,73 y Noruega 1,56 hijos por mujer (según datos de Eurostat del año 2021). Otros países como Irlanda (1,75 hijos por mujer) mantienen una natalidad elevada. Es destacable cómo varios países que sufrieron la tiranía del comunismo durante más de cuatro décadas están consiguiendo fomentar con éxito la natalidad. Desde 2015 a 2021, la tasa de fecundidad ha aumentado en la República Checa en un 18 por ciento (hasta 1,71 hijos por mujer), en Hungría en un 16 por ciento (hasta 1,55), en Eslovaquia en un 15 por ciento (hasta 1,54) y en Polonia en un 10 por ciento (hasta 1,46).
Frente a estos datos positivos es desolador constatar que la tasa de fecundidad en España ha descendido de 1,32 hijos por mujer en 2015 a 1,26 en 2021, la segunda más baja de la Unión Europea, después de Malta (1,23).
No sólo el fomento de la natalidad sino otras muchas necesidades familiares dependen de que el apoyo a la familia reciba una adecuada atención dentro del gasto público. Según datos de Eurostat del año 2017, las diferencias en este asunto entre los países de la Unión Europea son muy grandes. Mientras Dinamarca destina a familias e hijos un 8,6 por ciento de su gasto público, Polonia un 6,5 por ciento, Suecia un 5 por ciento, Hungría un 4,4 por ciento y Francia un 4,2 por ciento, España es el penúltimo de los 28 países (sólo por delante de Grecia) con un 1,7 por ciento de nuestro gasto público destinado a familias e hijos, menos de la mitad de la media de la Unión Europea (3,8 por ciento).
Revertir el envejecimiento de una nación, evitar el invierno demográfico y garantizar las futuras pensiones y un estado de bienestar sostenible no son objetivos que puedan alcanzarse en un corto plazo. Requieren un esfuerzo mantenido a lo largo de muchos años en el apoyo público a la familia y a la natalidad y que en este compromiso de Estado participen las principales fuerzas políticas de España, sin distinciones ideológicas. Así ocurrió en otros países europeos, donde Gobiernos socialistas impulsaron el apoyo a la familia, comprometidos con el futuro de sus naciones y sin los melindres de género que sufrimos en España.
- Luis Peral Guerra es economista y abogado
