Ilegal e injusto

Merece alguna reflexión la abracadabrante actuación del Dr. Sánchez para seguir disfrutando de alojamiento en el palacio de la Moncloa a costa de los españoles y sin justificación tras su derrota en las elecciones.

La primera es que la Constitución no previó que un desahogado amoral pudiera asaltar las instituciones y no estableció un mecanismo por el que el Rey, única autoridad independiente, en esos casos extraordinarios y oído el Consejo de Estado, pudiera disolver las Cortes y convocar elecciones.

Luego el pensamiento se detiene sobre el juicio que esas actuaciones suscitan en el país: un rechazo general. El argumento más invocado, casi en exclusiva, es la ilegalidad porque esos actos del jefe del Gobierno son definitivamente contrarios a la Constitución, sin embargo no he visto titularlos de injustos, penetrando en si son conformes al bien común que debe ser la guía de la política.

La distinción es relevante porque las leyes, origen de la legalidad o ilegalidad, son hechura de la Cortes, Poder Legislativo, que en el ordenamiento español se mezcla con el Ejecutivo, constituido pura y simplemente por la mayoría en el Parlamento. Los parlamentarios que votan las leyes en el Legislativo las hacen cumplir en el Ejecutivo. Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como.

El caso que nos ocupa no sólo es de ilegalidad, evidente, sino además y sobre todo de injusticia. La definición clásica de ley es: «Ordenamiento de la razón para el bien común, promulgada por quien está al mando de la comunidad», en la definición destaca la necesidad de bien común que es lo que determina la justicia o injusticia de una ley.

Pero para saber si se dirige al bien común hay que conocer previamente qué es tal bien y para eso son imprescindibles unos principios.

¿Existen ahora esos principios? La sociedad ha contemplado impasible una doctrina de sepultura, lo mismo para los indefensos que habían de nacer que para los indefensos cercanos a morir; la Justicia está sojuzgada por el Parlamento que elige a los 20 miembros que constituyen el CGPJ, organismo que la dirige; los sexos se han multiplicado por ley aunque la naturaleza sigue siendo la misma; al Rey, representación de la nación se le puede ignorar o vejar a capricho de unos y otros. Así podría seguir con la enumeración de ejemplos porque recluida la religión en lo más profundo del ser individual, no hay norma general que distinga el bien del mal.

La separación entre Religión y Estado, tan beneficiosa para ambos, ha terminado en absoluto olvido de la primera y se ha perdido el referente necesario de la ley natural. El Parlamento puede cambiar las leyes y modificar la legalidad, pero no puede hacerlo con la ley natural que está impresa en cada persona.

Por eso no asombra que un personaje como Sánchez a quien producían insomnio los comunistas de Podemos, se apresuró a reclutarlos como socios; que repetía hasta veinte veces que nunca pactaría con Bildu y lo ha elevado a compañero del alma y después de prometer traer a España, para ser juzgado, al delincuente Puigdemont, ha ido hasta Bélgica para convertirlo en su mimado referente.

Sin embargo cuando llegaron las elecciones a ese hombre de palabra le han votado siete millones setecientos sesenta mil españoles. ¡Qué incoherencia!

• Marqués de Laserna es correspondiente de la R.A. de la Historia