Viernes 13, Conferencia de Presidentes

Hay fechas en el calendario que, desde hace siglos, no gozan de buena prensa, ya sea porque recuerdan sucesos trágicos, ya sea porque se las considera días de mal agüero. Entre ellas, los «viernes 13» se llevan la palma, desde que, en tal ocasión del año 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenara la captura y ejecución de los caballeros templarios.

Pero como jamás he sido supersticioso, y la Fortuna es una rueda que puede depararnos ora dichas ora adversidades, me referiré al próximo viernes 13 que ilustra el almanaque, fecha elegida por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para celebrar la XXVII Conferencia de Presidentes.

Una Conferencia que, quiero recordar, no se ha convocado por voluntad del presidente del Gobierno, sino porque las comunidades autónomas se lo hemos exigido, tras casi ya tres años sin habérsele puesto fecha y a pesar, según marca el Reglamento, de que cada seis meses debería celebrarse una.

Hemos tenido que acudir incluso a los tribunales para que el presidente del Gobierno se digne a convocarla, y aunque desde la última reunión celebrada en La Palma hayan ocurrido acontecimientos políticos y sociales de enorme gravedad, que afectan al buen funcionamiento de las instituciones democráticas, a nuestra Carta Magna y, en definitiva, al conjunto de los españoles.

Es evidente el desprecio de Pedro Sánchez hacia las instituciones que no controla, pero ello no debería ser óbice para aprovechar la oportunidad de plantear cuestiones que afectan a todas las comunidades autónomas en un marco además para ello, como es la Conferencia de Presidentes.

En el orden del día de la Conferencia que reunirá a los presidentes autonómicos en Santander, cuatro son los grandes temas que se abordarán.

En primer lugar, la necesidad de aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica, que lleva caducado más de diez años y cuyos trabajos de reforma deben realizarse, con total transparencia, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, orillando cualquier opción a reuniones bilaterales Estado-comunidad autónoma, para pactar financiaciones singulares.

Todas las comunidades autónomas sujetas al régimen común deben seguir manteniéndose dentro del futuro sistema de financiación, sin que se aprueben, de iure o de facto, conciertos a la carta a cambio de votos en el Parlamento nacional o autonómico. De esta forma, manifestamos nuestro más absoluto rechazo al pacto del Partido Socialista con ERC para establecer un «cupo catalán», con menoscabo al resto de las comunidades autónomas, lo que hará peligrar la suficiencia de recursos para garantizar la prestación de servicios públicos fundamentales y supondrá un aumento de impuestos al resto de españoles.

Madrid aporta el 77% de los fondos con los que las CCAA financiamos el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos fundamentales. Y estamos orgullosos de ello, pero no vamos a incrementar los impuestos para pagar la fiesta del independentismo catalán ni para que Sánchez continúe unos meses más en La Moncloa, ni vamos a consentir que otras comunidades autónomas dejen de ofrecer a sus ciudadanos unos servicios públicos de la más alta calidad.

También expondremos la necesidad de reforzar el Sistema Nacional de Salud con más profesionales sanitarios, a pesar de que se lo venimos reivindicando al Ministerio de Sanidad desde hace mucho tiempo, un problema agravado tanto por el incremento de la población como por su paulatino envejecimiento, que demandan de mayores servicios sanitarios y asistenciales.

Todas las comunidades autónomas venimos reclamando que hacen falta más médicos y más enfermeras y, sobre todo, porque estos profesionales van a seguir jubilándose en los próximos años y tenemos que garantizar que esas plazas se cubran.

Un tercer problema que se tratará en tierras cántabras es el de la crisis migratoria. Para la Comunidad de Madrid resulta imprescindible reforzar los controles en frontera, que eviten la llegada masiva de inmigrantes en situación irregular, tanto a través de rutas marítimas como de aeropuertos internacionales.

Sucesos como los motines violentos de inmigrantes ilegales en el aeropuerto Adolfo Suárez – Madrid Barajas no pueden volver a repetirse, como tampoco caben en nuestro país las imágenes de centenares de personas hacinadas en la sala de asilo del aeropuerto madrileño, rodeados de montañas de basura, ante la pasividad del ministro del Interior.

El Gobierno de España debe activar los mecanismos de control y reparto voluntario, previstos en la Unión Europea; implementar medidas en países de origen para controlar y evitar los flujos migratorios; mejorar la coordinación e información con las comunidades autónomas y ayuntamientos; y, muy especialmente, dotar de la financiación necesaria a las administraciones regionales y locales.

Por último, la Conferencia de Presidentes pondrá encima de la mesa el problema del acceso a la vivienda y la mejora de la seguridad jurídica para los propietarios. Un problema que afecta a toda España, y cuya solución, por tanto, debe partir de un acuerdo nacional.

Como punto de partida, exigimos la derogación de la Ley del derecho a la vivienda, que aprobó el Gobierno de Sánchez con los votos de ERC y de Bildu y que, lejos de ofrecer solución alguna, ha reducido la oferta de vivienda en alquiler.

Porque yo me pregunto, ¿dónde están las 183.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez hace ya varios años?

Junto a esas dos grandes premisas, reclamamos que la política de vivienda se acompañe de una lucha efectiva contra la ocupación y la inquiocupación, para poner fin a un fenómeno que perjudica no sólo a los propietarios sino también a quienes legalmente desean acceder a un arrendamiento.

Asimismo, sería necesario reducir la carga impositiva para adquisición o rehabilitación de la vivienda.

Santander, viernes 13 de diciembre de 2024. Una fecha clave para una reunión clave, que todas las comunidades autónomas llevábamos años reclamando. Una fecha que ya se ha pospuesto demasiado tiempo por las complicaciones judiciales de Pedro Sánchez, su Gobierno y su partido, enquistando problemas que necesitan una solución inmediata.

Las CCAA venimos con un ánimo constructivo, pero me temo que el presidente del Gobierno está más preocupado en pagar los peajes a los partidos independentistas y golpistas que le mantienen en la Moncloa que de consensuar políticas con los representantes ordinarios del Estado en las respectivas CCAA.

• Miguel Ángel García Martín es consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid