De jueces y gobiernos

No son buenos tiempos para el Estado de derecho y la separación de poderes. El compromiso con esta fórmula civilizatoria, fundamento del sistema democrático, parece cada vez más endeble en nuestro entorno.

Ahora es el Tribunal Constitucional de Rumanía el que ha suspendido la segunda vuelta de las elecciones generales cuando un candidato no alineado con los mandamientos de la dirigencia europea, y por tanto sospechoso, se disponía a ganar las presidenciales según sondeos. No conocemos los detalles de lo acontecido porque ya no podemos ni confiar nuestra opinión al filtro de la prensa y los corresponsales, tan creíbles hoy día como los vendedores de crecepelo.

Un antiguo alumno mío de Bucarest, muy trabajador y muy listo, me dice que los jueces constitucionales de su país han cometido una intromisión electoral inaceptable.

Ante la insólita resolución judicial hay que preguntarse si la razón es la exposición del proceso electoral a influencias extranjeras, como parece haber apuntado incluso Von der Leyen, y si esto es argumento suficiente. Porque claro, ¿Qué procesos electorales hoy día están libres de algún tipo de influencia exterior? En las últimas elecciones estadounidenses, las brasileñas o las argentinas de hace un año, solo faltaron los líderes de las tribus masáis pidiendo el voto para Harris, Lula Da Silva o Massa.

Empeora el asunto si el verdadero motivo fuese, como parece, que el candidato que iba a ganar tiene una posición que disgusta a un espectro determinado de la clase dirigente, incluida la europea y la togada. Las preguntas son entonces múltiples, empezando por el problema en términos puramente de funcionamiento democrático y si habrían actuado del mismo modo si las influencias externas o simpatías del candidato virtualmente vencedor estuvieran relacionadas con la Comisión Europea, China o Catar.

Los desencuentros entre magistratura y otros poderes del Estado, algo que afecta al funcionamiento regular de las instituciones y a la separación de poderes, empiezan a ser tan frecuentes como preocupantes. En Polonia ya tuvimos episodios destacables a este respecto, también en Hungría. En Alemania recordemos que los jueces han tenido que ordenar repeticiones electorales, pero porque se detectaron irregularidades y no por estos motivos rumanos. Sin olvidar Italia, donde existe un claro enfrentamiento entre una parte de la magistratura y el Gobierno a cuenta de algunas iniciativas legislativas relacionadas con la inmigración ilegal.

Los críticos con el Gobierno Meloni defienden la actuación de los jueces en cumplimiento de su deber como fiscalizadores de la actuación ejecutiva y legislativa conforme a Derecho. Esto no tendría mayor objeción si no fuera porque son los mismos que acusan rabiosamente de lawfare y acoso judicial cuando los fiscalizados son los de uno o los afines. Lo mismo, o muy parecido, sucede en nuestro país, donde estamos muy cerca de dinamitar irreversiblemente el control judicial de la actuación de las mayorías parlamentarias gracias a la colocación de afines y activistas en el aparato cardiovascular del poder judicial y en el propio Tribunal Constitucional.

Cada situación y cada país merece no obstante un análisis individualizado. Lo acontecido en Polonia no es lo mismo que lo sucedido en Hungría, ni la situación en Italia es equiparable exactamente a la española. Sí es cierto que concurren elementos comunes y que en algunos casos hay que poner en cuarentena el argumento de que los jueces siempre tienen razón en su actuar y hay que defenderlos en todo caso. El activismo judicial es una realidad que no podemos ignorar, basta ver algunas intervenciones en televisión y prensa, pero esto no tiene nada que ver con la correcta función de control del poder ejecutivo y el legislativo según las Constituciones y el Ordenamiento jurídico. Es decir, se puede criticar la actuación de algunos jueces en Italia y defender la de sus homólogos en España y viceversa, como se puede defender el papel de las instituciones europeas en el caso de Hungría y reprocharle su silencio y pasividad ante lo acontecido en otros países, como por ejemplo el nuestro. Cada cual, según su información y conocimiento, que concluya como considere oportuno.

Lo sucedido en Rumanía no sé, además, si debe analizarse en el marco de esa doctrina que algunos vienen llamando diálogo entre tribunales, es decir, me pregunto si no estamos ante una derivada de esa corriente de pensamiento entre parte de la magistratura europea, consistente en convertir a los togados de las altas instancias judiciales y constitucionales, en una especie centinela y guardián, no del Derecho, sino de los intereses de quienes gobiernan los organismos supranacionales. Si algo de esto hubiera, entonces sí que tenemos un serio problema.

Sabemos que entre ciertos magistrados y altos funcionarios europeos existe una opinión y hasta un cierto orgullo al haber salvado, según ellos, la democracia y el Estado de derecho en Hungría. Ignoro a estas alturas si esto es así y si es bueno o malo, aunque toda defensa del correcto cumplimiento de la Ley y el Derecho frente a desmanes políticos siempre es buena noticia. No constatamos, en cambio, que quienes así piensan o razonan, se comporten igual cuando se trata de otros países.

En España se suceden feroces ataques al Estado de derecho cotidianamente y no se palpa esa férrea defensa de la Ley, la separación de poderes y ahora también la desinformación o la propaganda, precisamente cuando el control de RTVE es total. Por lo que si esto es así, y puede que así sea, entonces estaríamos ante una mutación inaceptable de las reglas del juego en el espacio europeo que no presagia además nada bueno.

En definitiva, una geopolítica afianzada en Bruselas, sustentada por gobernantes cada vez más débiles, dependientes en muchos casos de quiromancia parlamentaria y que parecen mostrarse encastillados a la par que desafiantes, puede no ser buena idea. Esto dejaría de ser anecdótico, incluso pasajero, si no fuera porque son ellos quienes se conjuraron y nos anunciaron la caída del régimen de Moscú, ese mismo del que ahora no parecen distanciarse mucho en ciertos comportamientos y que parece utilizarse como coartada y excusa para atacar el pluralismo y evitar la alternancia.

Pudiera parecer que nuestra dirigencia europea en verdad ha dejado de creer en el Estado de derecho y la democracia, optando por algo muy parecido a la autotutela. Igual resulta que, sin consultarnos, nos están adentrando en una nueva realpolitik o en una especie de secta religiosa con la excusa de querer evitar otra mayor.

• Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho Administrativo de la Univ. de Granada