Las diócesis responden a las críticas sobre las inmatriculaciones: «No cabe hablar de devolución»

mañana tendrá lugar un nuevo episodio dentro del caso de los bienes inmatriculados de la Iglesia. El  ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, entregará este jueves 27 de enero, al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en España.

El acto de entrega tendrá lugar a las 11:30 horas en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias y, de esta forma, podrá «iniciarse» el «proceso de regularización» de dichos bienes «con el apoyo de los Ayuntamientos», según ha informado la FEMP.

Este paso tiene lugar tras el encuentro de Pedro Sánchez y Juan José Omella en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde el presidente de la CEE le hizo entrega al presidente del Gobierno un informe detallado de los 34.967 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia, de los cuales, al menos un millar, la propia institución católica ha reconocido no tener su titularidad, esperando que sean las administraciones quienes sigan con el proceso. 

Tanto el secretario general de la CEE, Luis Argüello, como el arzobispo de Sevilla, entre otros, han declarado que este hecho no significa, como han pedido desde plataformas como Recuperando, la devolución de ningún bien que haya sido debidamente inmatriculado. 

Las diócesis reaccionan ante las críticas

l caso de los 1.000 registros `erróneos´ –bienes atribuidos a la Iglesia pero que no son suyos y que, por lo tanto, no puede devolver– los obispos españoles han emitido sendos comunicados con las aclaraciones pertinentes. 

Los prelados de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz fueron de los primeros en pronunciarse, indicando que «analizarán en detalle» el estudio en el que se refleja que la Iglesia católica tiene a su nombre en Extremadura 67 bienes inmuebles que o bien ha comprobado que no son suyos o bien no puede acreditar su propiedad.

En el comunicado,  los obispos de Coria-Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz refieren la «existencia de una serie de errores»  que, una vez «verificados los casos concretos» informarán de ello «con toda transparencia», ya que, dicen desde la Iglesia extremeña, es su «compromiso, al igual que ha hecho la Conferencia Episcopal».

La diócesis que más ha inmatriculado

Barbastro-Monzón es la diócesis que en Aragón más bienes inmatriculó entre 1998 y 2015, alcanzando los 661, acogiéndose así a la posibilidad que se recogió en la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998, que suprimió la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico y que estuvo vigente hasta 2015.

De los 674 que según el listado del Gobierno central se inmatricularon entre 1998 y 2015, ocho tienen otros titulares, tres han sido adquiridos por otras vías, uno se inmatriculó en otro momento y uno más está duplicado. 

Le sigue en número la diócesis de Teruel y Albarracín, con 498 en el listado del Ejecutivo, de los que en 12 faltan datos para poder ser identificados. Jaca y Tarazona, 327 y 244 bienes respectivamente, cierran el total de inmatriculaciones durante el periodo citado. Del total de las diócesis aragonesas, al menos en 104 bienes se ha detectado alguna incidencia. 

Burgos hace sus correcciones

Desde el arzobispado de Burgos ya se ha procedido ha corregir la atribución como propios de inmuebles de los que no es titular, según ha señalado la oficina de comunicación de la diócesis castellana. El servicio jurídico arzobispal, a instancia de su arzobispo, Mario Iceta, ha verificado el listado de bienes facilitado por la Conferencia Episcopal Española al Gobierno de la nación, con el que alertaba sobre esta situación.

El servicio jurídico ha comprobado el listado vinculado a la archidiócesis burgalesa quedando acreditada la propiedad de todos los bienes, sin que se cuestione en caso alguno su titularidad. Asimismo, tal y como recoge Europa Press en su amplio despliegue sobre estos hechos, ha vinculado a «errores de carácter administrativo» en el Registro de la Propiedad algunos casos concretos, esencialmente debido a inmatriculaciones de los mismos. De la lista proporcionada, el arzobispado de Burgos ha dejado claro que los conventos de Castil de Lences y Briviesca nunca han formado parte del patrimonio de la archidiócesis. En cuanto a los cementerios incluidos en el listado, se deja claro que eran bienes de las parroquias en las que se circunscriben y su propiedad se cedió a los respectivos ayuntamientos, por lo que si aparecen en la lista es porque aún no se han inscrito a su nombre.

«Manipulación» y «sospechas»

De las respuestas más airadas a la cuestión sobre las inmatriculaciones ha estado la del nuevo obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. 

A través de su cuenta personal de Twitter, el prelado acusaba de «manipulación mediática» todas las informaciones vertidas que contenían medias verdades o que no especificaban adecuadamente los datos aportados por la Conferencia Episcopal Española. 

«No es que el Estado haya descubierto que la Iglesia había inmatriculado indebidamente mil propiedades, sino que la Iglesia ha aclarado al Estado los errores existentes en el listado de propiedades por el Gobierno al Congreso de Diputados», señalaba en redes sociales con los recortes de las noticas de algunos medios nacionales. 

Por otro lado, el arzobispado de Tarragona ha asegurado que no le consta tener la titularidad de 12 propiedades que aparecen en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia y que, por tanto, el Gobierno le atribuye erróneamente.

En un comunicado este pasado miércoles, aseguraba que dichas propiedades son en realidad de comunidades religiosas, y ha añadido que el informe duplica otras 12 propiedades del Arzobispado, por lo que aparecen dos veces.

En otra propiedad los datos son incompletos y, en dos casos, fueron recibidas por herencia, no a través de una inmatriculación en el período 1998-2015.

Además, según el Arzobispado, cuatro propiedades se adquirieron a través de una compraventa y tres permutas, no por inmatriculación.

Finalmente, ha asegurado que seis propiedades no pertenecen al Arzobispado, pese a que el informe se las atribuía.

Por todo ello, ha subrayado que «el informe no habla de ninguna propiedad que el Arzobispado de Tarragona tenga que devolver», sino que, al contrario, se les atribuyen propiedades que no son suyas.

«Como Arzobispado lamentamos la permanente sombra de sospecha que se está dando sobre el legítimo derecho de reconocimiento de nuestras propiedades», ha manifestado.