Bolaños se reúne con las víctimas de abusos y rechaza la reparación de la CEE: «En ninguna circunstancia»

«Un sistema de compensación no vinculante sin participación de las víctimas y al margen de las recomendaciones del Defensor del Pueblo». Así ha definido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el plan de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para la reparación de las víctimas de abusos.

Este lunes 8 de julio, Bolaños se ha reunido con las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia, un día antes de la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEE, en la que se debatirá, y puede aprobarse, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA).

«El Gobierno estará de vuestro lado»

Las asociaciones que se han presentado ante el ministro han sido la Asociación de Víctimas de abusos de Navarra (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), - Justice Initiative España, la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Lulacris), la Asociación nacional de Víctimas Anuladas (ANVA), Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet.

«Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado», sentenciaba el ministro. Así, ha transmitido que cumplirán «fielmente» con las recomendaciones recogidas en el Informe del Defensor del Pueblo, asumidas por el Ejecutivo en abril del 2024.

En varias ocasiones, Bolaños aseguraba que tratará de acordar con la CEE un sistema bilateral entre la Iglesia y el Estado, que cuente con las víctimas, generando un «entorno seguro y de confianza» en el planteamiento de los casos, que se sigan «criterios transparentes», que compense «adecuadamente» a las víctimas y que esté formado por profesionales independientes.

La CEE dice que ha habido «coordinación»

El ministro ha afirmado que el Gobierno no aceptará «en ninguna circunstancia» un sistema unilateral como el que los obispos han propuesto y del que ha asegurado que el Ejecutivo no tenía conocimiento. Sin embargo, el secretario general de la CEE, César García Magán, comentaba que había «líneas paralelas» entre las intenciones del Gobierno y las de los obispos, existiendo una «coordinación entre ambos planes». Ante los actos del ministro, la Iglesia española ha declarado que se siente «engañada y ninguneada» por la «deslealtad» mostrada.

El PRIVA se lleva gestando desde noviembre. Además, la Iglesia española anunciaba en febrero la creación de una comisión independiente de expertos para trabajar en la indemnización económica, así como en la atención psicológica y espiritual de los casos de abusos prescritos o con el abusador fallecido.

Según el prelado, el texto del plan también sigue las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo y ha sido elaborado con el asesoramiento de las Oficinas para la protección de menores, junto con la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos y del órgano de compliance de la Iglesia.