ADF Internacional denuncia la oleada de abusos contra la libertad religiosa en América Latina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebra su primera audiencia sobre libertad religiosa en América Latina, ha denunciado la crisis de libertad religiosa que atraviesa la región.

«América Latina actualmente está experimentando una oleada de abusos a los derechos humanos en el área de la libertad religiosa. Lo que estamos viendo es indicativo de un desprecio alarmante por este derecho humano fundamental, con graves consecuencias no solo para las personas de fe, sino también para el futuro de la democracia en la región en su conjunto», afirmó Tomás Henriquez, Director de Advocacy de ADF International. para América Latina, dirigiéndose a la Comisión.

Henríquez ha exigido que la Comisión tome medidas contra las violaciones atroces de la libertad religiosa en Nicaragua, México y Argentina, entre otros países latinoamericanos.

Nicaragua

A principios de este año, el gobierno de Ortega expulsó del país a las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta ya las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús sin el debido proceso. El régimen ha hostigado y forzado el exilio de más de una decena de sacerdotes católicos. Muchos otros han sido detenidos, incluido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez (bajo arresto domiciliario), y el p. Óscar Benavídez, P. Ramiro Tijerino, P. José Luis Díaz, P. Sadiel Eugarrios, y el P. Raúl González, sacerdotes diocesanos, así como los seminaristas Darvin Leyva y Melquín Sequeira, junto al camarógrafo Sergio Cárdenas.

Henríquez, experto en temas relacionados con los abusos a los derechos humanos en América Latina, se ha pronunciado en contra de la represión política sistemática y la persecución religiosa abierta que se lleva a cabo contra el pueblo de Nicaragua.

Dirigiéndose a la audiencia de libertad religiosa, Henríquez ha declarado que «nos enfrentamos a la desafortunada coincidencia de que esta audiencia se lleva a cabo al mismo tiempo que la región está presenciando con impotencia una de las peores persecuciones religiosas que se recuerdan. Me refiero, por supuesto, a la gravísima y urgente situación que vive el pueblo nicaragüense, incluyendo en particular a la Iglesia Católica y sus obispos, sacerdotes, seminaristas, laicos y religiosos hermanos y hermanas».

Además, el gobierno es responsable del cierre de los servicios sociales de la Iglesia Católica en la Diócesis de Estelí, y del cierre forzoso y expropiación de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, y de las 13 escuelas parroquiales de la Diócesis de Estelí, todas que tienen un impacto multidimensional en el disfrute del derecho a la libertad de religión de los estudiantes, padres y miembros de la iglesia.

En México es ilegal que el clero se pronuncie sobre cuestiones políticas debido a normas que datan de 1917

Henríquez ha pedido a la Comisión que tome medidas urgentes contra la persecución religiosa contra la Iglesia Católica de Nicaragua, además de la liberación inmediata de todos los clérigos detenidos por el régimen de Ortega para la protección de sus vidas e integridad física y psicológica.

México

También se están produciendo flagrantes abusos a la libertad religiosa en México, donde es ilegal que el clero se pronuncie sobre cuestiones políticas debido a normas que datan de 1917. A principios de 2022, cuatro sacerdotes (Juan Sandoval, Mario Ángel Flores, Carlos Aguiar y Ángel Espinosa de los Monteros) fueron declarados culpables de violar el artículo 130 de la Constitución mexicana por emitir comunicados conteniendo sus opiniones sobre hechos sociopolíticos de su país e instando a los fieles a votar de acuerdo con sus convicciones. Los sacerdotes fueron denunciados por el partido político gobernante, juzgados ante un tribunal electoral y declarados culpables por el «delito» de discurso de orientación política.

Sobre la situación en México, Henríquez afirma que el silenciamiento de líderes religiosos «no solo viola la libertad de religión y de expresión, sino que también es discriminatorio , ya que afecta a una categoría definida de personas por su religión». Al señalar que el problema no se limita a México, Henríquez cree que «la Comisión debe tomar acciones concretas para exigir la derogación de las leyes que congelan la libre expresión de los ministros de religión en las constituciones de México, Honduras, El Salvador y Costa Rica».