El obispo responsable de familia, sobre la sentencia del TC sobre el aborto: «Es ideología al servicio del nuevo orden mundial»
Monseñor José Mazuelos, presidente de la Subcomisión para la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal y médico de formación, denuncia que «acabar con la vida de niños en el vientre de su madre está mal, aunque existan leyes injustas que lo admitan»
«Acabar con la vida de niños en el vientre de su madre está mal, aunque existan leyes injustas que lo admitan» y por eso «sería bueno recordar que todos, incluidos los miembros del Tribunal Constitucional, antes de convertirse en adultos pasaron por las etapas de cigoto, embrión y feto». Así se ha expresado monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la subcomisión para la Familia y defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal, como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que permite a las menores de edad, con 16 y 17 años, abortar «sin el consentimiento de sus padres, el período de reflexión previo, ni información alguna sobre alternativas al aborto».
Monseñor Mazuelos, en un artículo publicado en la prensa local canaria apunta que «esta decisión preocupa y a la vez sorprende por el marco de progreso, libertad y avance social en la que se ha querido situar». Y llama la atención sobre ciertas contradicciones, como el hecho de que «si una niña de 16 años puede tomar sola la decisión de abortar o no, ¿es coherente que sin autorización paterna no pueda irse de viaje o comprar alcohol y tabaco?».
Las contradicciones de la ley
Además, el prelado, que es doctor en Medicina y llegó a ejercer como médico de familia antes de entrar en el seminario, plantea que «si la ciencia considera que la vida empieza en el momento de la fecundación, ¿por qué la ley del aborto parte de un pensamiento filosófico utilitarista que sitúa el origen de la vida a los tres meses de la concepción?». Y «si consideran que existe persona cuando el feto tiene implantado el sistema nervioso central a los tres meses de gestación, ¿por qué la ley española permite el aborto a los tres meses y medio? ¿No sería más coherente poner el límite a los tres meses?».
Junto a estas consideraciones, monseñor Mazuelo pone en evidencia otra de las contradicciones de la ley, refrendada ahora por el Constitucional: «¿Por qué la ley del aborto permite que se aborten niños con Síndrome de Down hasta los cinco meses y medio de gestación? ¿No tienen estos niños los mismos derechos que el resto?»
Un negocio al servicio del capitalismo salvaje
En una idea que ya denunció para El Debate a propósito de la inclusión del aborto en el texto constitucional de Francia, Mazuelos recuerda que «el aborto es un gran negocio» que «da cauce a una industria que produce, anualmente, cientos de millones de dólares» que «caen en bolsillos de los propietarios de compañías biotecnológicas, productoras de medicamentos para realizar el aborto químico, y de clínicas que practican el aborto».
«La búsqueda del bien común y la defensa de los más débiles se relega, así, en el marco de una legislación y praxis política que instaura un darwinismo social al servicio del neocapitalismo más salvaje», asegura.
El origen de la vida es un hecho objetivo
«Con el aborto se pone fin a la vida del no nacido y esto es un hecho objetivo; como también lo es que la vida individual se origina con la concepción al formarse el patrimonio genético del individuo que le definirá, para siempre, como uno de la especie humana sin margen de duda. Por esta razón, ni la mayoría, ni un tribunal puede decidir la destrucción de una vida», asevera el prelado.
E insiste: «La bondad y maldad de los hechos y las cosas son independientes de los consensos y las leyes de los estados. El tabaco no mata porque lo diga la cajetilla, ni la violencia contra las mujeres es aberrante porque lo condene el Gobierno. Son realidades dañinas en sí mismas, lo diga quien lo diga y aunque no lo diga nadie». Por esta razón, «acabar con la vida de niños en el vientre de su madre está mal, aunque existan leyes injustas que lo admitan. Sería bueno recordar que todos, incluidos los miembros del Tribunal, antes de convertirse en adultos, pasaron por las etapas de cigoto, embrión y feto, y que sus vidas continuarán hasta la muerte», denuncia.
Desamparo de las menores
Según recuerda el obispo de Canarias, «un 75 % de las mujeres que abortan no lo hacen por decisión libre, sino acosadas por grandes dificultades frente a las que no ven otra salida. Sólo es libre quien tiene alternativas para optar. Y muchas mujeres se ven obligadas por presiones insoportables de sus parejas, de sus familias y de su trabajo».
Una decisión condicionada que resulta más evidente en el caso de las menores, a las que el Constitucional ahora refrenda como capaces de someterse a una intervención que puede poner en riesgo su vida, y cuyos efectos en su salud mental pueden ser devastadores de por vida, sin que sus padres sean ni tan siquiera informados.
«La experiencia de muchas mujeres ha demostrado que cuando las menores tienen una edad más avanzada se conciencian del significado de la vida que no defendieron. Es en ese momento cuando sufren una profunda quiebra en su autoestima, así como trastornos psicológicos fruto de la fijación de sus códigos morales y de la interiorización de los conceptos del bien y del mal», explica monseñor Mazuelos.
Leyes anticientíficas
Además, por su formación científica el prelado canario apunta cómo «estudios recientes de resonancia magnética mantienen que decisiones de este tipo no pueden tomarse a esas edades, dada la incompleta formación de la corteza prefrontal del cerebro, cuya función es la inhibición de comportamientos instintivos carentes de empatía y responsabilidad». Sin embargo, «el legislador español atribuye a las mujeres de 16 y 17 años, exclusivamente, la facultad de prestar el consentimiento necesario para abortar, así como la posibilidad de prescindir de informar a padres o tutores alegando que podría generarse un conflicto grave».
Defender la vida humana, más que proteger el medio ambiente
Aunque se trate de una cuestión científica y legislativa, monseñor Mazuelos recuerda el deber de los católicos de denunciar esta situación: «La Iglesia –explica– tiene una responsabilidad política, aunque no tenga una misión política, y es la de dar testimonio de las verdades morales, sin las que el bien común no podría sobrevivir. Estas verdades son básicas y la Iglesia no las impone, pero tampoco las calla, porque son evidentes a la razón humana, brotan de lo más esencial de la persona y garantizan el principio de igualdad y justicia».
Y añade: «A la gente le cuesta ir contracorriente, suele adaptarse a la moda del momento. Si en la sociedad se dice que lo moderno es aceptar el aborto, mucha gente aceptará esta premisa de manera acrítica para no señalarse respecto de los demás. Pero esto no nos puede llevar a olvidar que las únicas víctimas del aborto no son los niños no nacidos, hemos de saber que aquel que hace el mal se daña aún más que aquel que lo sufre». Por esto, «hemos de tratar de ayudar a las víctimas quizá todavía más destrozadas que los niños que no nacerán, que son las mujeres engañadas por una ley ideologizada al servicio del nuevo orden mundial».
Por contraposición, «el Estado tiene la obligación de defender al más débil» porque «una sociedad es más civilizada en la medida en que es capaz de proteger a los más débiles», asevera monseñor Mazuelos. De ahí que «si vale la pena luchar por la defensa y conservación del medio ambiente, cuánto más tenemos que trabajar en la defensa de toda vida humana independientemente del momento de desarrollo en que se encuentre», añade.
La inmensa labor provida de la Iglesia
Por ese motivo, «como Iglesia, solo podemos ser voz de los sin voz, haciendo resonar el grito silencioso de tantas vidas humanas que claman desde el seno de sus madres, pidiendo justicia para que se respete su derecho a vivir». Algo que, «no significa, en ningún sentido, abandonar a las mujeres que tienen problemas para seguir adelante con su embarazo. Al contrario, queremos estar a su lado, acogiéndolas y ofreciéndoles una ayuda integral», apunta el obispo, en alusión a las numerosas instituciones eclesiales y ONG católicas que ayudan a las mujeres a seguir adelante con sus embarazos, como Red Madre, las que ayudan a aquellas que ya han abortado a superar el síndrome posaborto, como el Proyecto Raquel o el Proyecto Ángel, y aquellas que se ocupan del acompañamiento durante años a las familias de aquellas mujeres que han decidido apostar por la vida, como la Fundación Madrina.
Y concluye: «La historia nos enseña que cada vez que el ser humano se ha cuestionado la dignidad o el valor de ciertas vidas humanas, por distintos motivos, como por ejemplo la raza, el color de la piel o las creencias, se ha equivocado gravemente. Del mismo modo es un lamentable error cuestionar la dignidad de la vida humana en función de la edad».