Sacerdotes nicaragüenses encarcelados sufrieron «desnudez forzada» y tortura

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, ha asegurado que los sacerdotes nicaragüenses que estuvieron encarcelados bajo el régimen que preside Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sufrieron de «desnudez forzada», así como torturas y otros tratos crueles, que, a su juicio, constituyen delitos de lesa humanidad.

En un informe sobre Violaciones y abusos de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas en Nicaragua, divulgado en el 55° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CoDH) , el Grupo de Expertos sostiene que han documentado una serie de actos u omisiones cometidos en centros de detención de la Policía Nacional, como el complejo policial de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Nuevo Chipote.

También en el complejo carcelario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, la prisión de máxima seguridad de Nicaragua, se documentaron actos u omisiones en contra de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas.

«Estos actos incluyen: largos interrogatorios, amenazas, desnudez forzada, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes, luz artificial continua, y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes», detalló el Grupo de Expertos de la ONU, en el capítulo «Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes».

El caso de Rolando Álvarez

Entre los religiosos a los que el Gobierno sandinista mantuvo privados de libertad se encuentran los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, así como 15 sacerdotes y dos seminaristas.

Sobre monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, el grupo recordó que «permaneció detenido por más de 11 meses con largos períodos en régimen de aislamiento en la sección de máxima seguridad de la cárcel La Modelo».

En específico, según el informe, Álvarez estuvo recluido en una zona conocida como El Infiernillo, que es una sección que está compuesta de celdas oscuras, insalubres, sin ventilación, sin suficiente luz natural y expuestas a la humedad, el frío y el calor extremo, y que no tuvo visitas familiares durante los primeros 43 días de su detención.

Monseñor Álvarez fue condenado en febrero de 2023 a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria, y liberado y enviado al Vaticano en enero pasado tras un acuerdo entre Managua y la Santa Sede.

El Grupo de Expertos manifiesta que hay «motivos razonables para creer, que estos actos u omisiones constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, tortura, tanto física como psicológica».

Sobre El Nuevo Chipote, donde al menos nueve sacerdotes estuvieron detenidos junto con opositores, señaló que las víctimas fueron sujetas a un «entorno de tortura», ya que estas sufrieron prácticas ilegales de aislamiento prolongado o indefinido, régimen de incomunicación, irritación sensorial, amenazas e insultos, entre otros.

Crímenes de lesa humanidad

Tampoco tuvieron acceso a biblias y no se les permitía orar en voz alta, por lo que el Grupo concluye «que, en algunos casos, dichos tratos alcanzaron el umbral de la tortura, debido a su combinación, carácter prolongado, la presencia de otros factores estresantes o vulnerabilidades y los graves daños psicológicos y físicos que provocaron sobre las víctimas».

Asimismo, han observado que los actos u omisiones cometidos por agentes policiales y carcelarios fueron «actos deliberados» y se llevaron a cabo con la intención de imponer a los miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, y opositoras, «dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales». Señalan, además, que actuaron así con el propósito de «obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a las víctimas, o de discriminarlas por ser percibidas como opositoras al Gobierno».

Por tanto, el Grupo de Expertos considera que los actos de tortura y tratos crueles infligidos en contra de los miembros de la Iglesia católica, que han sido sistemáticos desde abril de 2018 en Nicaragua, cuando estalló la crisis, «también forman parte de este ataque». «Por lo tanto, el Grupo tiene motivos razonables para creer que los actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad», remarcan.