Dos cardenales venezolanos se plantan contra Maduro y le acusan de «fabricar otras actas electorales»

Los cardenales venezolanos Diego Padrón y Baltazar Porras han escrito una dura carta conjunta contra Nicolás Maduro. En la misiva, afirman que Maduro busca «ganar tiempo» con el recurso ante el Tribunal Supremo para inventar «una narrativa favorable a su victoria electoral no demostrada».

Ambos arzobispos eméritos, uno de Cumaná y el otro de Caracas, lamentan que el Gobierno no reconozca la «verdad electoral» y considere «enemigos a todos los que no aprueben su conducta». En el mismo escrito afirman que es por ello que Maduro ha tomado la decisión de «aniquilarlos con la represión, la cárcel, la violencia y la lógica de un golpe de Estado construido ad hoc».

Los cofirmantes opinan que los actos del presidente de Venezuela son una manera de ganar tiempo. «Con esta acción, el gobierno que controla al árbitro supremo, lo utilizará a su favor, y con la discusión jurídica del asunto 'distraerá', ganará tiempo y, mientras tanto, intentará crear una nueva opinión pública, un relato o una narrativa favorable a su victoria electoral no demostrada. Esta nueva fase está en pleno desarrollo», indican.

Al estilo nicaragüense

Ambos cardenales temen que se estén dando pasos hacia un «estilo de gobierno nicaragüense», en lo que se refiere a la persecución religiosa. Algunos sacerdotes y obispos han recibido amenazas de gobernadores y alcaldes, que tildan de «políticos agazapados vencidos al imperialismo». Por ello, afirman, «no somos ni podemos ser neutrales», refiriéndose a la Iglesia venezolana y sus pastores.

Por otro lado, Padrón y Porras pronostican que Nicolás Maduro tratará de pedir a la Iglesia su mediación para favorecer el diálogo «bajo la premisa de reconocer la proclamación de los resultados por la Consejo Nacional Electoral y sobre todo, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia». No obstante, consideran «inadmisible» responder a esta propuesta ya que sería «ignorar el fraude evidente, la usurpación manifiesta, desconocer la soberanía popular inequívocamente expresada y el consecuente derecho a expresar pacífica, pero decidida y firmemente la legítima protesta», concluyen.