Edgard Peña Parra
El Vaticano aprende la dura lección del escándalo de Londres
Esta es la síntesis de la maratónica declaración, en el marco del denominado «juicio del siglo» en el Vaticano, el 16 y el 17 de marzo, de la persona que más de cerca despacha con el Papa Francisco los asuntos ordinarios de la Iglesia
Banqueros y agentes de bolsa capaces de quitarte los calcetines sin sacarte los zapatos, obispos y sacerdotes sin competencia administrativa con responsabilidades ingentes, y un Papa a quien se recurre cuando ya es demasiado tarde y sólo puede ordenar: «Perder el menor dinero posible».
Esta es la síntesis de la maratónica declaración, en el marco del denominado «juicio del siglo» en el Vaticano, el 16 y el 17 de marzo, de la persona que más de cerca despacha con el Papa Francisco los asuntos ordinarios de la Iglesia.
El arzobispo Edgar Peña Parra, venezolano de 63 años, sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano (el «número tres» de la Santa Sede), declaró como testigo en una audiencia del tribunal vaticano, en presencia de periodistas.
Su declaración se convirtió en una descripción detallada de la manera en que se gestionaban las finanzas del Vaticano hasta antes de la reciente reforma de la Curia Romana.
El pecado original: la compra del edificio
Monseñor Peña es el testigo de más alto rango interrogado por los abogados defensores de diez acusados de presuntos delitos financieros relacionados con la compra venta del famoso edificio situado en el número 60 de Sloane Avenue, en el corazón mismo de Londres, antigua propiedad de los grandes almacenes Harrods.
El acusado de más renombre es el predecesor de Peña, el arzobispo Angelo Becciu, de 74 años, a quien el Papa ha despojado de la dignidad cardenalicia al tener conocimiento de las acusaciones que han presentado en su contra autoridades financieras de la Santa Sede.
En el centro de este juicio está la Secretaría de Estado, piedra angular de la Curia Romana, constituida hoy como parte civil, y la forma en que gestionaba el dinero hasta hace algo más de dos años.
Pérdidas ingentes
Monseñor Peña reveló que, un mes después de asumir funciones, en octubre de 2018, un subalterno, el sacerdote Alberto Perlasca, entonces responsable de finanzas de la Secretaría de Estado y ahora testigo clave en el juicio, le explicó que el Vaticano prácticamente había perdido el control del carísimo edificio de Londres.
Lo estaba gestionando a su manera el banquero italiano Raffaele Mincione, quien en 2014 había convencido a monseñor Becciu para que la Secretaría de Estado participara en la compra del inmueble.
No soy un experto en temas financieros, pero traté de utilizar el sentido común
Empezaba así el arzobispo Peña la nueva misión que le había encomendado el Papa, que en realidad no tiene por objetivo principal la gestión financiera, sino las operaciones ordinarias de la Curia Romana y de la Iglesia en el mundo.
«No soy un experto en temas financieros, pero traté de utilizar el sentido común y el criterio de un buen padre de familia», aseguró el arzobispo al testimoniar en el tribunal, aclarando que hizo todo lo posible para «perder el menor dinero posible».
Me di cuenta de que todo era un engaño
Un remedio peor que la enfermedad
Para recuperar el control de la gestión del edificio, decidió inmediatamente, en noviembre de 2018, según declaró él mismo ante el juez, que el sacerdote Perlasca junto a otros dos empleados de la administración de la Secretaría de Estado negociaran con el banquero Mincione para que renunciara a la gestión del edificio y la asumiera el corredor de bolsa, también italiano, Gianluigi Torzi.
El remedio fue peor que la enfermedad. Según han declarado, los representantes vaticanos se dejaron engañar por los abogados durante la negociación. Torzi logró hacerse con la gestión total del edificio, a través del control de las mil acciones con derecho a voto de la propiedad, a pesar de que el Vaticano era el principal accionista, con 30 mil acciones (pero sin capacidad de voto). El sacerdote Perlasca, según denunció monseñor Peña ante el tribunal, firmó el contrato sin avisarle y sin ni siquiera tener derecho de firma.
Peña Parra reconoció que fue engañado por abogados, que hoy forman parte de los acusados, y criticó el «clientelismo» con el que se gestionaba la Secretaría de Estado cuando él asumió su cargo.
Convocatoria del Papa
Cuando fue informado monseñor Peña, ya era demasiado tarde. El Papa le convocó un mes después, el 22 de diciembre de 2018, junto a dos abogados consultores que habían revisado el contrato, para comunicarle que el Vaticano había sido timado, pues en ese edificio no se había comprado más que «cajas vacías».
«Me di cuenta de que todo era un engaño», confesó el prelado venezolano. Francisco, según declaró, dio instrucciones claras para resolver el desastre: «Volver a empezar y perder la menor cantidad de dinero posible».
Era un Vía Crucis, de hecho, un doble Vía Crucis. Si el Señor cayó tres veces, nosotros seis
Pero todavía faltaba lo más complicado: quitar la gestión al corredor de bolsa, Torzi. En las negociaciones, refirió al juez Peña Parra, «pensábamos al principio ofrecerle un millón y medio de euros, máximo tres». A finales de marzo de 2021, Torzi pidió 25 millones. Al final, bajó a 15». Fue lo que se le pagó.
«Nos vimos obligados. Fue un profundo dolor para mí darme cuenta de que aún teníamos que dar dinero para esto. Torzi tenía el poder y no podíamos hacerlo de otra manera», declaró el arzobispo. «Era un Vía Crucis, de hecho, un doble Vía Crucis. Si el Señor cayó tres veces, nosotros seis».
En la Iglesia, se encomienda con frecuencia la gestión financiera a personas que no tienen la preparación necesaria
La lección del escándalo
Por estos y otros motivos, en diciembre de 2020 el Papa retiró a la Secretaría de Estado del Vaticano todo poder económico (incluida la gestión de ese edificio londinense) y lo traspasó a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), que en agosto pasado vendió el bendito edificio por 214 millones de euros.
Se calcula que, en esta operación, el Vaticano ha perdido como mínimo 76 millones de euros y como máximo 166 millones.
La lección que deja la triste vicisitud del edificio de Londres es clara, como reconocía implícitamente el mismo arzobispo Peña ante el juez: en la Iglesia, se encomienda con frecuencia la gestión financiera a personas que no tienen la preparación necesaria.
Por este motivo, la reforma de la Curia Romana introducida por Francisco, y que ha tomado forma desde el 5 de junio pasado, impone una separación cada vez mayor entre el poder financiero y las atribuciones pastorales o ejecutivas propias de los cardenales y arzobispos que dirigen ministerios (dicasterios) de la Santa Sede.