Caso Becciu: todo sobre el juicio del siglo en el Vaticano

Una serie sorprendente de golpes de efecto ha acompañado en los últimos días al desarrollo del proceso que tiene lugar en el Vaticano por corrupción. El mismísimo cardenal Angelo Becciu, uno de los colaboradores más cercanos del Papa Francisco, se sienta en el banquillo de los acusados. ¿Qué impacto tendrá este juicio para el futuro de la misma Iglesia?

El Vaticano asiste en estos momentos al «juicio del siglo». De hecho, nunca, desde el fin de los Estados Pontificios (1870), un Tribunal de la Santa Sede había emprendido una causa con un imputado principal de tan elevadísimo rango como el que ostenta el cardenal Angelo Becciu, y con acusaciones tan graves de corrupción.

Para el Papa Francisco no se trata de un evento secundario, pues del rigor con el que se desarrollará este juicio dependerá en buena parte la credibilidad de la reforma de la Curia, que ha llevado adelante en estos casi diez años de pontificado, hoja de ruta que habían establecido los cardenales que le eligieron obispo de Roma.

Casi diariamente los medios de información ofrecen nuevos detalles de la investigación y de los diez acusados y de los testigos, algunos tan rocambolescos que Agatha Christie no se hubiera atrevido a imaginar por considerarlos poco realistas.

Agentes de servicios secretos, corredores financieros corruptos, relaciones públicas de multinacionales, funcionarios del Vaticano…, son los personajes que se han mezclado en este proceso cada vez más enrevesado.

¿Cómo surgió el caso?

Las acusaciones surgieron a partir de una investigación iniciada por la Oficina del Auditor General del Vaticano, tras denuncias presentadas por el Banco del Vaticano (su nombre propio es Instituto para las Obras de Religión), en marzo de 2019.

La investigación descubrió presuntas irregularidades relacionadas con la compra de un edificio de lujo, de siete plantas, ubicado en la elegante avenida Sloane del barrio de Chelsea, en Londres.

El edificio fue comprado por la Secretaría de Estado del Vaticano, en una operación que acabó en estafa, por un valor de 350 millones de euros, en 2017. El pasado 1 de julio, el presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA), el arzobispo Nunzio Galantino, revelaba a que el edificio fue vendido por 215 millones de euros (lo que acarreó una pérdida de 135 millones).

El mismo representante vaticano aclaraba que el dinero de esa inversión no procedía del Óbolo de San Pedro, sino de fondos reservados del patrimonio de la Secretaría de Estado, el organismo más antiguo en la Curia Romana.

Según fue avanzando la investigación, encomendada a la Oficina del Fiscal del Vaticano (compuesta por tres fiscales) y a la sección de Policía Judicial del Cuerpo de la Gendarmería del Vaticano, el Papa dio indicación de que se juzgara el caso, garantizando la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo sin contemplaciones por la posible dignidad eclesial de los acusados.

Las investigaciones arrojaron nuevas dudas, como la asignación de fondos que el cardenal Becciu parece haber canalizado desde la Secretaría de Estado a una cooperativa social controlada por sus hermanos en Cerdeña.

También se estudia el motivo por el cual el cardenal Becciu pagó 500 mil euros a Cecilia Marogna, experta en relaciones internacionales. Según el purpurado italiano fueron fondos destinados a la liberación de la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada por yihadistas en Mali. Las facturas de Marogna dicen que parte de ese dinero lo gastó en bolsos, zapatos y otros accesorios de lujo, suscitando el interés de los investigadores. Marogna se defiende afirmando que esos artículos sirvieron para lograr apoyos entre esposas de personajes africanos influyentes capaces de ayudar en la liberación.

Los acusados

Por el momento, en el juicio hay diez acusados, entre los que destaca el nombre del cardenal Becciu.

Otros de los acusados son antiguos funcionarios del Vaticano, como el abogado suizo René Brülhart (anterior presidente la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano), monseñor Mauro Carlino (sacerdote y anterior secretario del cardenal Becciu), Tommaso Di Ruzza (antiguo director de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano), y Fabrizio Tirabassi (empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado).

Los otros acusados son corredores financieros y mediadores en la operación del edificio de Londres: Enrico Crasso (corredor financiero que administró inversiones para la Secretaría de Estado durante décadas), Raffaele Mincione (corredor financiero que supuestamente hizo que la Secretaría de Estado suscribiera grandes partes del fondo de la propiedad en Londres, y luego usó ese dinero para sus propias inversiones especulativas), Gianluigi Torzi (corredor a quien el Vaticano pidió poder salir del fondo propiedad de Mincione), y Nicola Squillace (un abogado involucrado en las negociaciones).

La última acusada es la ya mencionada Cecilia Marogna.

El gran acusado: Becciu

Si el juicio ha alcanzado tanta relevancia, en parte, se debe a la dignidad del más alto acusado, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, nacido hace 74 años en Cerdeña.

No es un cardenal más. Procedente de la carrera diplomática, tras ser ordenado arzobispo y nombrado nuncio apostólico en Cuba, impresionado por sus gestiones, Benedicto XVI le nombró secretario para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

Este cargo suele describirse como el «número 3» del Vaticano, tras el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Ahora bien, en su desempeño ordinario, tiene un papel incluso más activo, ya que es el único colaborador que despacha diariamente con el Papa.

Cuando el Papa Francisco fue elegido sucesor del apóstol Pedro, en 2013, le confirmó en este cargo, convirtiéndose en la persona que diariamente afrontó con el Pontífice argentino las cuestiones cotidianas.

Como es lógico, este contacto hizo que trabaran una amistad que culminaría en mayo de 2018, cuando el Papa Francisco lo creó cardenal, asignándole la prefectura de la Congregación para las Causas de los Santos.

Se entiende así el disgusto de Francisco al recibir las acusaciones de los investigadores. El Papa convocó al cardenal Becciu, el 24 de septiembre de 2020, para notificarle ipso facto su renuncia al cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los «derechos vinculados a la dignidad cardenalicia».

Esta decisión del Papa buscaba dejar a la justicia vaticana avanzar libremente. Esto no ha impedido a Francisco tener gestos de cercanía hacia su antiguo colaborador caído en desgracia, como sucedió el Jueves Santo de 2021, día de la Eucaristía, en el que el Papa decidió celebrar la misa privada en su apartamento del Vaticano.

En todo momento, el cardenal Becciu se ha declarado inocente de las acusaciones en su contra, y ha admitido su voluntad de defenderse con todos los medios posibles.

El Papa Francisco ha liberado al cardenal Becciu y a todos los acusados en el proceso del secreto pontificio, al que están sometidos por cargo los funcionarios vaticanos, para que en su defensa puedan aducir todas las informaciones útiles.

Los testigos

En la semana pasada, la reanudación de las audiencias del proceso han ofrecido a los periodistas auténticos fuegos artificiales, con la comparecencia de tres testigos de excepción.

Por una parte, monseñor Alberto Perlasca, quien fue colaborador del cardenal Becciu como responsable administrativo de la Secretaría de Estado hasta 2019 y que, aunque investigado, no fue imputado por haber ayudado en las pesquisas. Su testimonio desde hace meses ha sido decisivo para los investigadores.

La otra testigo que se presentó a declarar es Genoveffa Ciferri, de 74 años, amiga de los padres de monseñor Perlasca, y antigua colaboradora de los servicios secretos italianos como analista, quien ante el tribunal aseguró que este «desde hace años tiene bajo su puño» a Perlasca, que ejerció «presión psicológica» para que tuviera cuidado en sus declaraciones ante el tribunal.

También ha testificado Francesca Chaouqui, de 41 años, antigua relaciones públicas de Ernst & Young, conocida en el Vaticano por haber sido consultora en la reforma económica de la Santa Sede, condenada en 2016 por el tribunal vaticano por la filtración de documentos confidenciales en el caso Vatileaks2. Se presentó en el tribunal, el 13 de enero, reconociendo que ha tratado de influir en la declaración de monseñor Perlasca por venganza contra el cardenal Becciu.

¿Qué está en juego?

Antes del cónclave que siguió a la renuncia de Benedicto XVI, los cardenales que debían encerrarse en la Capilla Sixtina para elegir a su sucesor, expresaron la necesidad de que el futuro pontífice afrontara una reforma de la Curia Romana para acabar con los casos de corrupción que habían estallado en los últimos años.

Después de nueve años de trabajos, el Papa concluyó la reforma de la Curia con la promulgación de una nueva Constitución Praedicate evangelium, que reorganiza el organigrama de la Santa Sede.

Este juicio ha sido definido por Andrea Tornielli, director editorial de los medios de comunicación del Vaticano, como un stress test de la reforma de Francisco: la prueba que servirá para comprender si el Vaticano ha abrazado el camino de transparencia que el Papa ha querido imprimir.

Dado que se trata de un juicio sin precedentes, en un contexto totalmente nuevo (basta comprender, por ejemplo, la importancia que está teniendo para los fiscales WhatsApp), el Papa promulgó el 8 de febrero de 20021 una carta apostólica («motu proprio») para modernizar elementos del vetusto sistema judicial vaticano.

La prioridad del Papa es garantizar el derecho de todos los acusados a un juicio justo, según los principios de responsabilidad de todos los implicados y de transparencia.

Al juicio todavía le queda un largo camino. Pero al final, lo único que contará, será la credibilidad para asegurar si este proceso ha buscado la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y solo la verdad hará libre a la Iglesia.