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Cardenal Sean O'MalleyArchidiócesis de Madrid

El Vaticano presenta su informe sobre abusos: «Nada será suficiente para reparar el mal que se ha hecho»

Juan Carlos Cruz, víctima y miembro de la comisión para la Protección de los Menores del Vaticano, afirmó que «me impresionó lo que hizo José Cobo en Madrid»

La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores del Vaticano ha dado a conocer este martes su primer Informe anual sobre el impacto de las políticas y procedimientos de prevención de abusos en la Iglesia. Este documento identifica las medidas que han sido efectivas en la estrategia de salvaguardia de menores y adultos vulnerables en el ámbito eclesiástico, al tiempo que resalta las deficiencias presentes en el sistema.

La presentación del informe ha estado a cargo del cardenal Seán Patrick O'Malley, presidente de la Comisión; Maud De Boer Buquicchio, miembro y presidenta del Informe Anual; el obispo Luis Manuel Alí Herrera, secretario; Teresa Kettelkamp, secretaria adjunta y una víctima de abusos que se encuentra dentro de la comisión, Juan Carlos Cruz.

En la rueda de prensa de presentación del informe, el cardenal O'Malley afirmó: «Os quiero asegurar que nuestro deseo es mejorar en todo lo posible». Reconoció la enormidad del daño causado, señalando que «nada de lo que hagamos será suficiente para reparar totalmente el mal que se ha hecho», pero enfatizó que el trabajo se realiza para que «esto nunca más se vuelva a repetir».

La publicación de este informe se considera el primer paso en un proceso de recopilación de datos, transparencia y rendición de cuentas dentro de la Iglesia católica, que se inició a raíz de una petición del Papa en abril de 2022.

«Eliminar la peste de los abusos»

O'Malley agradeció a las víctimas por su apertura y destacó que el informe presentado tiene como objetivo «mostrar dónde nos encontramos» y «reconocer y abordar la falta de espacio para las víctimas». También subrayó la importancia de acoger los testimonios para construir un sólido cuerpo de conocimientos.

Juan Carlos Cruz, víctima y miembro de la comisión, también expresó su gratitud, destacando: «Quiero agradecer al Papa por creer en los supervivientes de abusos, así como a los otros miembros de la comisión y a los periodistas por sacar a la luz estos casos. Sin vosotros, no estaríamos aquí».

Cruz manifestó su esperanza en el informe, señalando que se han utilizado palabras que antes no se empleaban, como «justicia» y «reparación». «Me siento privilegiado de estar entre ellos y cercano al Papa, a quien quiero profundamente», añadió. También mencionó que se ha dado un paso significativo por todos aquellos que han sufrido durante años y por quienes aún no han podido ser escuchados. Destacó la importancia de presentar propuestas más transparentes y concretas, evitando que las víctimas tengan que revivir su trauma al contar su historia «múltiples veces sin obtener resultados».

Cruz compartió su admiración por el cardenal Cobo, quien acogió a víctimas en la catedral de la Almudena en Madrid, donde se realizó un acto de reparación. En este contexto, recordó que se expresó la firme decisión de «no pasar página hasta que todos estemos listos». «Espero que esto sea un antes y un después», afirmó, animando a las víctimas a contar sus historias y a seguir adelante en el proceso de sanación. «Es un intento de eliminar esta peste de los abusos», concluyó.

Por su parte, Teresa Kettelkamp, secretaria adjunta de la Comisión, hizo énfasis en la relevancia del informe, que se centra en menores y personas vulnerables. «No veo la relación con el tema del celibato. Abusar en estas circunstancias es un crimen y la persona que lo comete tiene un grave problema», sostuvo. Esta declaración pone de manifiesto el enfoque del informe en la necesidad de protección y justicia para aquellos que han sido afectados por estos abusos.

¿De qué trata el informe del Vaticano?

El documento, que incluye una serie de recomendaciones, presenta los hallazgos del organismo del Vaticano basados en entrevistas con líderes de la Iglesia durante las visitas 'ad limina' de los obispos a Roma, así como en cuestionarios enviados a quienes trabajan directamente en el terreno.

Entre las propuestas destacadas se encuentra la necesidad de optimizar los procesos canónicos para la recepción y seguimiento de denuncias. También se sugiere aplicar el concepto de vulnerabilidad, reconociendo la necesidad de crear un entorno seguro que proteja a los más débiles y garantice que todas las denuncias sean tratadas adecuadamente, además de asegurar una gestión efectiva de los casos de abuso que se remiten a la Santa Sede.

El informe busca implementar un proceso más simplificado que apoye mejor a las víctimas en su proceso de sanación, incluyendo políticas de compensación económica. Asimismo, se enfatiza la importancia de profesionalizar los cargos relacionados para mejorar la eficacia del sistema.

Con este informe anual y los que vendrán, el Vaticano obtiene, por primera vez, una herramienta que le permitirá tener una visión integral de su política contra los abusos. Se revisarán anualmente 17 conferencias episcopales, y el objetivo de estas «auditorías» es «examinar a la Iglesia en su conjunto durante un periodo de cinco a seis años».

El informe publicado ofrece un análisis detallado de las conferencias episcopales de países como México, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Bélgica y Camerún. También incluye el estudio de los institutos religiosos de las Hermanas Misioneras de la Consolata y la Congregación del Espíritu Santo.

A nivel general, además de la falta de recursos, se subraya la escasa participación de las víctimas en la respuesta de la Iglesia local ante la violencia sexual. Ante estas dificultades, el informe propone la colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre las conferencias episcopales.

Los autores del informe abogan por establecer una «verdadera cultura» de protección de menores y fomentan la «solidaridad entre las conferencias episcopales», especialmente en Hispanoamérica, el Caribe, África y Asia. Además, la comisión resalta la importancia de que la Curia romana sirva como modelo para compartir buenas prácticas en materia de protección, insistiendo en que la falta de transparencia genera «desconfianza entre los fieles», particularmente entre las víctimas.