España incumple el derecho de las personas a la alimentación, según Human Rights Watch

España incumple su obligación de garantizar el derecho de las personas a la alimentación, lo que ha forzado a muchas de ellas a buscar ayuda no gubernamental a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

Así lo apunta la ONG Human Rights Watch (HRW) en un estudio publicado este jueves en el que incide en que la inseguridad alimentaria y la pobreza son «problemas persistentes» en nuestro país. Bajo el título El fracaso de España en la protección de los derechos en medio del aumento de la pobreza vinculada a la pandemia, la investigación de HWR también hace referencia a los sistemas de asistencia específicos de las ciudades de Barcelona y Madrid, así como de las comunidades autónomas a las que pertenecen estas dos ciudades.

Aunque desde la ONG consideran que para paliar los efectos de la pandemia el Gobierno implantó programas de apoyo al desempleo y de asistencia «con buenas intenciones», estos se quedaron «cortos» debido a los defectos existentes en el sistema de seguridad social y el diseño de las nuevas fórmulas de ayuda. Esto provocó, denuncian, que muchas personas siguiesen dependiendo de la ayuda no gubernamental para alimentar a sus familias y encontrasen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas.

«Las colas para conseguir alimentos en las iglesias, las asociaciones de vecinos y los centros comunitarios, con carros de la compra abandonados en filas ordenadas a la espera de la distribución, se convirtió en algo habitual», expone el estudio. De este modo, decenas de miles de españoles que viven en la pobreza han sufrido dificultades para garantizar sus derechos a la alimentación, a la seguridad social y la asistencia social durante la pandemia, lamenta.

Las medidas tomadas por el Gobierno –el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los ERTE– no fueron suficientes para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, apuntan desde HRW. El Ingreso Mínimo Vital, «aunque admirable», resultó «extremadamente difícil» de acceder debido a los estrictos criterios de elegibilidad y los requisitos de documentación, lo que derivó en que tres cuartas partes de las solicitudes fuesen rechazadas. Además, explica el informe, los niveles de ayuda son «inadecuados» para satisfacer las necesidades básicas.

En cuanto a los ERTE, el informe recalca que dejaron fuera a las personas que trabajan en la economía sumergida y que no cubrieron de forma adecuada la pérdida de ingresos de las personas que trabajan de forma estacional. Para hacer frente a estas dificultades, HRW insta al Ejecutivo a acelerar el proceso de asistencia a las personas con bajos ingresos que necesitan acceder al IMV y hacer que el proceso de solicitud sea más eficiente, así como a revisar las pensiones.

También alude a los gobiernos autonómicos y les recomienda tomar medidas concretas para reducir la dependencia de sus departamentos de servicios sociales de derivar a personas necesitadas a fuentes de ayuda alimentaria caritativa.

Trabajadores de hostelería y pensionistas, los más afectados

Del informe se desprende que los grupos sociales más afectados por el impacto económico de la pandemia y la inadecuada respuesta estatal son los pensionistas, migrantes, familias con hijos y trabajadores de sectores como la hostelería.

La clausura casi total del sector de la hostelería y el turismo durante el estado de alarma, seguidos de periodos de reapertura y nuevos cierres, dejó sin ingreso a muchos trabajadores. Además, como muchos de sus contratos son de temporada, no tuvieron derecho a las mismas prestaciones por desempleo que aquellos que gozan de un contrato indefinido.

El sistema de pensiones españoles, recuerda el estudio, ya fue criticado por la ONU en 2018 por ser insuficiente para garantizar a los pensionistas un nivel de vida adecuado, una situación que se ha agravado con la pandemia.

En cuanto a las familias con niños, HRW pone el foco en las monoparentales, para quienes el impacto de la crisis ha sido «desproporcionado». Así, según una encuesta realizada durante el primer mes de estado de alarma a 545 hogares con un solo progenitor, el 27 % dijo que no podía hacer frente a los costes adicionales de la alimentación.

Los migrantes indocumentados y los solicitantes de asilo también han sufrido debido a la «defectuosa» respuesta estatal y, abocados a trabajar en la economía informal, han tenido dificultades para acceder a la seguridad social y a los bancos de alimentos, añade.

Estos problemas se vieron agravados por el cierre de las oficinas administrativas que proporcionan documentos a los inmigrantes y solicitantes de asilo, aumentando los retrasos ya existentes.

Ayuda vecina en Madrid y Barcelona

Ante la falta de medidas por parte de las administraciones, refleja la ONG, los grupos vecinales y comunitarios tuvieron que coordinar redes de apoyo que incluyen la recogida y distribución de alimentos.

El estudio recoge dos ejemplos, en Madrid y Barcelona, de estas estructuras de ayuda entre vecinos. En la capital, concretamente en el distrito de Vallecas, un grupo de activistas se unieron para dar respuesta a las necesidades que sobrevinieron. «Cuando llegó el estado de alarma, hubo una necesidad inmediata de alimentos. La gente que se ganaba la vida recogiendo chatarra, o vendiendo en mercados informales al aire libre, de repente no tenía nada. En algunas partes de Vallecas podría ser un tercio de la población», explica a HRW una trabajadora social del colectivo Somos Tribu VK.

En la Ciudad Condal, por su parte, se unieron asociaciones vecinales, organizaciones sindicales y culturales y la Iglesia para dar respuesta al repunte de personas que necesitaron ayuda alimentaria.

Según la ONG, también Cáritas jugó un papel importante: trató de abandonar el clásico modelo de «reparto» y adoptó uno que ayudara a las familias y a los individuos a superar problemas más amplios, como el estigma de hacer cola para recibir alimento.