Irene Montero en una comparecencia en La Moncloa
El Congreso tramitará con urgencia la ley trans para que los niños cambien de sexo a partir de los 12 años
Esa tramitación urgente supone reducir a la mitad los plazos marcados por el reglamento del Congreso
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La Mesa del Congreso ha acordado este jueves, como solicitó el Gobierno, la tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de ley trans y de la reforma de la ley del aborto, las dos últimas iniciativas enviadas a la Cámara por el Ministerio de Igualdad.
Esa tramitación urgente supone reducir a la mitad los plazos marcados por el reglamento del Congreso.
El órgano de gobierno de la Cámara ha acordado además que la ley trans se apruebe con competencia legislativa plena, lo que acelerará aún más su tramitación.
Esta norma, que causó disensos en el seno del Gobierno de coalición y divide al movimiento feminista, fue enviada al Congreso sin el informe del Consejo Fiscal, que previsiblemente aprobará su dictamen la próxima semana.
Cambio de sexo desde los 12 años
El proyecto permite el cambio de sexo en el Registro sin informe médico o psicológico: desde los 12 años con autorización judicial; desde los 14, asistido por los padres; y desde los 16, de forma autónoma.
En sus informes, tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han defendido la necesidad de la intervención judicial para todos los menores de edad.
El proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI fue aprobado en junio, en vísperas del Día Internacional del Orgullo.
Varapalo institucional a la ley Trans
El Consejo de Estado cree que todos los menores deben tener aval judicial para cambiar de sexo
Por su parte la reforma de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recibió el aval del Consejo de Ministros a finales de agosto, en este caso sin contar tampoco con el informe del CGPJ.
La norma busca garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública, para lo que se creará un registro de facultativos objetores de conciencia, y eliminar la exigencia de consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años interrumpan el embarazo, requisito que introdujo el PP en 2015.
