La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres considera que Pedro Sánchez «secuestra el debate»
LGTBI
Feministas contra la tramitación de urgencia de la Ley trans: «Sánchez secuestra el debate»
Según Irene Montero, «en tiempos de crisis», los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI+ «son los primeros que se ponen en cuestión», pero las prisas del Ejecutivo son sospechosas
Aunque la ministra de Igualdad, Irene Montero, justificó el pasado sábado la tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de Ley trans y de la reforma de la Ley del aborto por la «proliferación de los discursos de odio», lo cierto es que las prisas del Gobierno parecen no convencer a todos.
Ese recorte de los tiempos ha provocado la reacción, incluso, de algunas feministas. Es el caso de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que considera que Pedro Sánchez «secuestra el debate».
«Queremos denunciar que la tramitación de urgencia, para una Ley que en absoluto requiere de ese procedimiento, solo busca eludir el debate público en un asunto que impacta negativamente en la salud de la infancia y en los derechos de las mujeres», expusieron en un comunicado que han hecho llegar a los medios.
«La tramitación por vía de urgencia de la Ley trans busca ocultar a la sociedad las consecuencias prácticas de esa Ley en la salud de la infancia y en los derechos de las mujeres. Instan al gobierno a retirar el texto y abrir un debate social que permita conocer lo que está ocurriendo en otros países», añaden.
Las 'urgencias' del Gobierno
La Mesa del Congreso acordó el pasado jueves, tras la solicitud del Ejecutivo, la tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de Ley trans y de la reforma de la Ley del aborto, dos de las últimas iniciativas enviadas a la Cámara por el Ministerio de Igualdad.
Esa tramitación urgente supone reducir a la mitad los plazos marcados por el reglamento del Congreso.
El órgano de gobierno de la Cámara ha acordado además que la Ley trans se apruebe con competencia legislativa plena, lo que acelerará aún más su tramitación.
Esta norma causó disensos en el seno del Gobierno de coalición, divide al movimiento feminista, y ha sido enviada sin el informe del Consejo Fiscal.
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El proyecto permite el cambio de sexo en el Registro sin informe médico o psicológico: desde los 12 años con autorización judicial; desde los 14, asistido por los padres; y desde los 16, de forma autónoma.
Además, el texto se ha encontrado con el rechazo frontal de las feministas.
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres ya publicó una carta abierta denunciando los «retrocesos» que supondría esta Ley en derechos humanos y políticas de igualdad. En la misiva, denunciaban que la Ley «fomenta» que los niños «tomen decisiones no informadas, sino inducidas», a edades en las que «ni el cuerpo ni el cerebro se han desarrollado».
«Eso les expone a efectos dañinos de por vida, y a auténticas terapias de conversión de las que los adultos quedan eximidos pues para ellos es suficiente expresar 'me siento/soy'».
