Los cazadores denuncian que la Ley de Protección Animal ignora el problema de los perros robados

Mientras se libra una guerra entre Unidas Podemos y PSOE a cuenta del encaje de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal, los cazadores prosiguen su lucha para garantizar que no se extiendan a estos animales las obligaciones previstas en el texto para las mascotas.

En este sentido, la Fundación Artemisan ha denunciado que el proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ignora «completamente» un problema que es «uno de los principales motivos de maltrato y abandono»: el de los perros robados. Y, por ello, pide al Gobierno una nueva redacción íntegra de la norma.

Según los datos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que cita Artemisan, en 2019 fueron robados 328 perros de caza, de los que 175 eran galgos. Estos canes, subraya la entidad, son explotados por grupos y mafias que, posteriormente, los maltratan o abandonan. Una problemática, afirman, que el sector cinegético ha denunciado en numerosas ocasiones y que el proyecto de ley ha obviado.

Al hilo de esta cuestión, también se pregunta la Fundación por qué los organismos oficiales han dejado de facilitar el número de perros robados en España, algo que, creen, «forma parte de la intención de que el problema pase desapercibido, ya que colocaría a estos grupos delincuentes como responsables de estos comportamientos atroces». Lo cual, añaden, «choca con los mensajes de determinados sectores que pretenden criminalizar a los cazadores».

Por todo ello, la Fundación Artemisan considera que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha «desaprovechado la oportunidad de perseguir en el nuevo proyecto una práctica que cada año causa importantes pérdidas económicas y emocionales a numerosos cazadores y propietarios, y que es una fuente real de maltrato y abandono». Y les insta a frenar «esta ley» e iniciar «un nuevo proyecto que responda a problemas reales».

La entidad asegura, por último, que «el sector cinegético es el primer defensor del bienestar animal» y recuerda, en ese sentido, que ha estado implicado de forma directa en la elaboración de distintos proyectos legislativos autonómicos relacionados con este ámbito.