El proyecto de ley de universidades propone eliminar la firma del Rey en los títulos

Modificar los títulos para que no sean expedidos en nombre del rey, prohibir a los colegios mayores privados no mixtos o segregados adscribirse a universidades públicas o cambiar el sistema de elección de rectores son algunas de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

El plazo para que los grupos parlamentarios presentaran enmiendas parciales al texto de la futura norma, que comenzó su tramitación parlamentaria el pasado 22 de septiembre, ha concluido a las 18.00 horas de este jueves.

Estas son algunas de las enmiendas:

PSOE-Unidas Podemos

Ambos partidos han presentado más de una treintena de enmiendas al texto redactado por el Ministerio de Universidades, que en su totalidad suponen «mejoras técnicas» al articulado de la futura ley.

Con estas propuestas pretenden garantizar la estabilidad financiera, asegurar los límites máximos de los precios públicos de las universidades o facilitar los procedimientos de selección de profesores sustitutos.

Vox

El partido liderado por Santiago Abascal ha decidido no presentar enmiendas al articulado del proyecto de ley, ya que planteó una enmienda a la totalidad, que fue rechazada. Consideran que presentar estas enmiendas parciales sería asumir partes de un texto que, a su juicio, «es enmendable al cien por cien».

ERC

Esquerra cree «injustificado» que los títulos universitarios sean expedidos en nombre del jefe del Estado, defiende la «plena» participación de los alumnos en la redacción de los planes de estudio y una efectiva autonomía de la Generalitat en la financiación del sistema y contratación de personal.

La eliminación de la figura del Rey ya fue objeto de debate en el primer texto que planteó Universidades, entonces a cargo de Manuel Castells.

Entre las más de 150 enmiendas presentadas, plantea que la docencia sea preferentemente presencial y aboga por garantizar «la plena y efectiva participación del estudiantado en la votación, elaboración, seguimiento y actualización de los planes de estudio y sus efectos en las guías docentes».

Además, defiende que en la creación y supresión de centros se reconozcan las competencias de las comunidades, y pide la gestión descentralizada del sistema de becas, sin que «las condiciones académicas no deben ser condiciones necesarias para acceder» a ellas.

Reclama que el mandato de los rectores sea de cuatro años e improrrogables –no de seis como propugna el texto del Gobierno–.

PNV

También el PNV, entre sus sesenta enmiendas, solicita que los títulos no sean expedidos en nombre del Rey sino por la «autoridad académica», y rechaza que las comunidades deban asumir expresamente un compromiso de financiación.

También pide cambiar el nombre de la norma, proponiendo que sea «Ley Orgánica de Universidades» y que se recoja expresamente la promoción de las lenguas oficiales propias de las comunidades entre las funciones de las universidades.

Más País-Equo

La coalición ha registrado una enmienda, que negocia con el Ministerio de Universidades, para prohibir a los colegios privados no mixtos o segregados adscribirse a universidades públicas.

A juicio de ambos partidos, «desde las universidades públicas se debe garantizar un modelo de residencias de estudiantes que se rija por los principios de igualdad», especialmente tras hacerse viral un video de un colegio mayor en Madrid.

Ciudadanos

Entre sus 65 enmiendas, Ciudadanos plantea cambiar el sistema de elección de los rectores para primar «la profesionalización», por lo que pide eliminar la elección directa y sustituirla por un comité de selección por parte de expertos.

Además, sugiere modificar la recién aprobada Ley de Convivencia Universitaria para garantizar la neutralidad de la Universidad, ya que en su opinión «ha demostrado no ser eficaz a la hora de poner coto a los abusos que se producen cada día» en los campus.

Propugna además mejorar la colaboración entre las universidades y el mundo empresarial; impulsar la internacionalización, la movilidad y la homologación de títulos y cualificaciones, y recuperar unas bases comunes del Sistema Universitario «frente a la fragmentación autonómica».