La COP29 cierra un controvertido acuerdo de 300 mil millones para financiar a los países en desarrollo

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP29, concluyó en Bakú con un acuerdo que compromete a los países desarrollados a movilizar 300 mil millones de dólares al año para apoyar a las naciones en desarrollo. Este pacto sustituye el objetivo de 100 mil millones de dólares establecido en 2020, y se proyecta como un paso hacia una financiación climática más ambiciosa.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de tensiones y cuestionamientos. Las negociaciones se alargaron por más de 32 horas adicionales, reflejando profundas divisiones entre los países ricos, que consideran sus aportes ya excesivos, y los estados en desarrollo, que exigen mayores transferencias económicas para abordar los efectos del cambio climático y adaptarse a sus impactos.

El nuevo acuerdo prevé una meta de 1,3 billones de dólares anuales para 2035, aunque solo 300 mil millones estarán asegurados mediante subvenciones públicas y préstamos respaldados por los gobiernos. Este nivel de financiación ha sido presentado como un esfuerzo histórico, pero plantea preguntas sobre su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.

Mientras tanto, las economías en desarrollo han insistido en que estos recursos son insuficientes para cubrir las supuestas necesidades climáticas globales, estimadas en 2,4 billones de dólares anuales según informes de la ONU. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si el problema es realmente la falta de dinero o una gestión ineficiente y politizada de los fondos existentes.

La reforma financiera global y sus implicaciones

Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo fue la propuesta de reformar la «arquitectura financiera internacional» para facilitar el acceso a los fondos climáticos. En términos prácticos, esto podría significar más presión sobre las economías avanzadas para absorber riesgos financieros que no siempre están directamente relacionados con sus intereses o responsabilidades.

El texto también sugiere que las naciones desarrolladas sigan financiando al llamado Sur Global, incluso cuando muchas de estas naciones, como China, Arabia Saudí y otros países del Golfo, tienen economías que rivalizan con las de las potencias occidentales. No obstante, el acuerdo anima –sin exigir– que estas economías emergentes hagan aportes voluntarios.

La cumbre estuvo marcada por enfrentamientos entre los bloques negociadores. Los países en desarrollo exigieron inicialmente 500 mil millones de dólares anuales para 2030, una cifra que los países ricos rechazaron tajantemente, ofreciendo en su lugar los 300 mil millones que finalmente se acordaron.

El debate escaló cuando grupos como la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) abandonaron temporalmente las negociaciones, acusando a las naciones desarrolladas de falta de voluntad para reconocer las «necesidades urgentes» de los países más vulnerables. Para otros observadores, estos gestos fueron percibidos como tácticas de presión para obtener mayores compromisos financieros.

El mercado de carbono: ¿una solución realista?

Entre los logros adicionales de la COP29 está la aprobación de un mercado global de carbono supervisado por Naciones Unidas, diseñado para permitir el comercio de emisiones entre países y empresas. Según sus defensores, este sistema incentivará proyectos para reducir emisiones, como reforestación o energía renovable, a un costo más bajo. Sin embargo, los críticos advierten que estos mecanismos podrían convertirse en una solución fácil para evitar reducciones reales de emisiones en países industrializados.

A pesar de estas preocupaciones, se espera que este mercado alcance un valor de 250 mil millones de dólares anuales para 2030, compensando hasta 5 mil millones de toneladas métricas de carbono. No obstante, su implementación depende de acuerdos técnicos que aún están pendientes de definición.

Para muchos sectores críticos del acuerdo, la COP29 vuelve a cargar de manera desproporcionada la responsabilidad económica sobre los países desarrollados, ignorando los avances tecnológicos y financieros de grandes economías emergentes. Países como China, que hoy es el mayor emisor mundial de CO2, permanecen clasificados como «en desarrollo» bajo una categoría que no se ha actualizado desde 1992.

Este modelo perpetúa lo que algunos consideran una narrativa injusta: los países desarrollados deben asumir costos masivos, mientras otras naciones, con economías y capacidades industriales comparables, eluden compromisos vinculantes. Además, se cuestiona si el cambio climático debe seguir siendo tratado como una emergencia global inapelable, dado que los resultados concretos de las políticas climáticas implementadas hasta ahora no siempre han sido claros ni medibles.

Realismo frente a ideología

Con la COP30 programada para celebrarse en Belém, Brasil, en 2025, la atención se centrará en evaluar el cumplimiento del acuerdo de Bakú y la efectividad de los fondos movilizados. Mientras tanto, persisten las preguntas sobre si estas cumbres climáticas reflejan un verdadero consenso internacional o simplemente una dinámica de presión política que beneficia a algunos a costa de otros.

En un mundo donde los recursos son limitados y las prioridades nacionales varían ampliamente, muchos abogan por un enfoque más equilibrado y pragmático hacia las políticas climáticas. Reconocer los avances tecnológicos, las diferencias en las realidades económicas y el impacto desigual de las medidas adoptadas podría ser clave para construir un futuro más sostenible y justo, sin caer en el alarmismo ni en cargas financieras excesivas para unos pocos actores.