El lobby antitabaco presiona para endurecer una ley que ya lleva más de un año de retraso

Tras más de dos años de retraso, la nueva ley antitabaco sigue sin salir adelante. El proyecto, que renovaría la ley del año 2010, pretende mejorar la anterior norma y endurecerla para restringir los espacios en los que se pueda fumar, incrementar los precios y vigilar el nuevo fenómeno de los cigarrillos electrónicos. Todo ello para intentar mitigar la muerte de personas en España, ya que el pasado año 2020 se produjeron 50.000 fallecimientos a causa del tabaco, el 13 % del total de decesos.

A pesar de que la ley actual fue de las primeras de nuestro entorno en ser muy restrictivas, ahora se encuentra desactualizada y muchos países europeos han comenzado a aplicar una mano más dura. El Gobierno elaboró un borrador hace un año, pero el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 sigue sin avanzar.

Ante esta situación, las asociaciones antitabaco lamentan la inacción y lentitud del Gobierno y le apremian a aprobar la ley cuanto antes. La ONG antitabaco Nofumadores incluso exige la dimisión de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, por «su incapacidad para sacar adelante el nuevo plan». Raquel Fernández Megina, presidenta de la plataforma, declaró que ha llegado el momento «de pedir el cese de Darias, ya que el Gobierno socialista se había comprometido a avanzar en la lucha contra el tabaquismo en esta legislatura y los supuestos problemas técnicos a los que alude la ministra para que este plan no pueda tramitarse antes de las nuevas elecciones ya no son creíbles».

Desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) exigen además que la nueva reforma incluya «cinco medidas irrenunciables para ser efectiva». Esta asociación científica pide subir el precio del tabaco e instaurar el empaquetado genérico, que implicaría la desaparición de los logotipos e imagen de las compañías tabacaleras.

También reclaman la prohibición del consumo de tabaco en espacios públicos abiertos –como terrazas, estadios deportivos, playas, parques, plazas de toros, etc.– y regular la venta, el consumo y la publicidad de los cigarrillos electrónicos, tan de moda en los últimos años. Por último, requieren al Ejecutivo incrementar y promover la asistencia sanitaria a los fumadores para que abandonen el consumo del tabaco, creando unidades de tabaquismo en el sistema público de salud.

Sin humo en las terrazas

SEPAR insiste especialmente en que se prohíba fumar o vapear de forma «permanente» en espacios públicos abiertos. Basan su petición en una revisión de estudios publicada en la revista científica Open Respiratory Archives en la que se destaca que los fumadores pasivos expuestos al humo de tabaco de segunda, tercera y cuarta mano y a las sustancias tóxicas que liberan los vapeadores tienen mayor riesgo de sufrir infecciones cardiorrespiratorias y de contagiarse de la Covid-19.

«Esta exhaustiva revisión expone que las terrazas son lugares muy frecuentados por fumadores y vapeadores, hasta el punto de que la prevalencia de consumo de tabaco o vapeo en ellas es del 88 por ciento en España. Por cada persona que fuma en estos espacios, aumenta un 30 por ciento la contaminación del aire ambiente del lugar», han añadido desde SEPAR.

Organizaciones a favor de tabacaleras

El grupo antitabaco STOP ha denunciado además que ha detectado 25 nuevas organizaciones en doce países distintos que «promueven la agenda de la industria tabacalera» mientras simulan ser independientes.

El director adjunto del Grupo de Investigación de Control del Tabaco en la Universidad británica de Bath, Phil Chamberlain, precisó que esas organizaciones «van desde aliados tradicionales como grupos de agricultores y asociaciones de minoristas, cuyos miembros tienen un interés creado en la venta de los productos de la industria, hasta grupos que promueven los productos electrónicos de la industria».