La nefasta gestión del Gobierno durante la pandemia: de las mentiras al baile de cifras

Hace ya tres años que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, compareció ante la prensa con uno de sus gazapos más conocidos: «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado». Ese mismo día un turista alemán era ingresado en La Gomera. Se convertía en el primer caso –de muchos– detectado en España.

Días más tarde, el 1 de febrero, el Ministerio de Sanidad, que por aquel entonces dirigía Salvador Illa, organizó una reunión extraordinaria con las comunidades autónomas para proclamar el «riesgo moderado» en un informe técnico. Tras el encuentro, el Gobierno aseguró que el Sistema Nacional de Salud estaba «preparado» para «frenar» al virus.

Mientras Pedro Sánchez no tomaba las medidas necesarias, varios sanitarios alertaban de misteriosos fallecimientos por una neumonía bilateral grave que no respondía al tratamiento. No fue hasta el 25 de febrero cuando España empezó a mirar con aire preocupado a su vecina Italia y, días después, Madrid confirmaba el primer contagiado por el virus. El confinamiento ya llamaba a la puerta de los españoles.

Entró entonces una semana y un mes crucial para el Gobierno de coalición. El 8 de marzo se celebraba su masiva manifestación del 8-M en la había pancartas en las que se leía «mata más el machismo que el coronavirus». Concentración posible gracias a que, cuatro días antes, Sanidad había descartado una explosión de casos en España.

Tras el rechazo inicial y restarle importancia a lo que estaba sucediendo, el Consejo de Ministros se reunió para decidir sobre el futuro de nuestro país. Irene Montero no acudió a la reunión, ya que había dado positivo en el virus, como tampoco Pablo Iglesias, que había estado en contacto con ella.

Confinamientos inconstitucionales

El 13 marzo de 2020, Sánchez compareció ante los medios de comunicación para anunciar una de las medidas más desconocidas para la población: el confinamiento domiciliario, que fue acompañado de la prohibición de los desplazamientos y de toda actividad no esencial.

Fue una medida de carácter excepcional que requería un estado de alarma. Es decir, la Constitución fija para esta situación un límite de 15 días prorrogables. Debido a la gravedad de la pandemia, el Gobierno tuvo que pasar por el Congreso hasta seis veces para obtener el respaldo de la Cámara y poder alargar los confinamientos.

Pero a Sánchez no le salió como esperaba. El Tribunal Constitucional declaró en julio de 2021 que las medidas se habían tomado de manera ilegal, ya que el estado de alarma «no permite la suspensión de los derechos». Esta sentencia obligó al Gobierno a devolver todas las multas emitidas (142.127) durante los meses de encierro.

Dos meses después, la Moncloa volvió a recibir noticias del Constitucional. El segundo estado de alarma volvía a ser inconstitucional debido al modelo de «cogobernanza». Este segundo desliz hizo que se devolviesen 220.296 sanciones.

La información oculta

Uno de los aspectos más cuestionados de la gestión de la pandemia fueron las muertes por coronavirus. A día de hoy, el número oficial de personas fallecidas por coronavirus supera las 118.000, una cifra que no se ajusta a los datos del INE. Este desfase estadístico se debe a la falta de computación de los fallecidos con síntomas asociados a la covid que no recibieron una prueba diagnóstica.

Toda esta situación se podría haber controlado si el Gobierno central hubiese hecho caso a los avisos que comenzaron a llegar a principios de 2020 desde el exterior. Sánchez, Simón e Illa ignoraron las alertas internacionales porque España, según ellos, «estaba preparada» para hacer frente al virus.

Para ganar tiempo, y despreocupar a la población, la cara visible de la pandemia, Fernando Simón, aseguraba que las mascarillas no eran necesarias hasta que, de un día para otro, el 6 de abril de 2020 se convirtieron en «recomendables». En ese tiempo, la Policía trataba de conseguir tapabocas y el por entonces responsable del Servicio de Prevención para la Policía Nacional, José Antonio Nieto, avisaba de la peligrosidad del virus. Al poco fue despedido.

La primera ola del coronavirus fue catastrófica en todos los sentidos. Los hospitales estaban colapsados, las funerarias no daban abasto y Madrid improvisaba una morgue. El presidente del Gobierno lo justificaba amparándose en el «envejecimiento de la población española» y, más tarde, echaba la culpa al turismo: «No digo que sea la única causa, digo que puede existir una relación directa».

El 2 de julio de 2020, el Gobierno y Sanidad perdieron interés por la covid y aseguraron que la pandemia estaba «controlada». En la práctica, lo que hizo fue dejar el mayor problema sanitario del siglo XXI en manos de las comunidades autónomas.

Tras el nombramiento de Carolina Darias como ministra de Sanidad, la cosa no mejoró. Con ella llegó la incertidumbre sobre las mascarillas. Primero se aseguró que no se eliminarían de forma inmediata y, más tarde, se retiraron para volverlas a recuperar en la Navidad de 2021 a causa de la cepa de ómicron. No sería hasta la primavera de 2022 cuando se quitaría la obligación salvo en el trasporte público y los centros sanitarios. A partir del próximo 8 de febrero solo será obligatoria en los hospitales. ¿Será este el principio del fin de la pandemia?