Malta, el único país de la Unión Europea en el que está prohibido el aborto

El aborto vuelve a estar en el debate público. El Congreso de los Diputados aprobó este jueves una nueva legislación que contiene puntos controvertidos, como la falta de permiso de los progenitores para abortar en chicas menores de edad o discapacitadas intelectuales. De igual forma, se elimina el período de reflexión y se elaborará un registro de objetores con aquellos médicos que se nieguen a practicar abortos.

Existe una tendencia general de la mayoría de los países europeos de facilitar el acceso al aborto. El máximo exponente de esta política es, en estos momentos, Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa. El político encendió la mecha en el Parlamento Europeo el pasado año al apostar por incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Una ambición de Macron que en la práctica, parece difícil de realizar. Esto necesitaría el quórum de los países miembros, incluidos Malta, Polonia o Hungría, estados que rechazan esta práctica y que se han mostrado abiertamente contrarios a las políticas dictadas desde Bruselas en los últimos tiempos.

Y es precisamente el primero de estos territorios el que llama poderosamente la atención por su situación particular. Malta es el único país de la Unión Europea en el que el aborto continúa siendo ilegal en todas sus formas. Esta diminuta nación situada en el Mediterráneo –al sur de Italia, al este de Túnez y al norte de Libia– es una de las más densamente pobladas del continente y se independizó en los años 60 del Reino Unido.

Penas de cárcel de hasta tres años

Allí está prohibido abortar en todos los casos. De hecho, según su legislación, aquellas personas que «provoquen un aborto» pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta tres años. Esto incluye tanto a las mujeres embarazadas como a los profesionales médicos.

Las leyes provida de Malta son, además, de las más estrictas del mundo. En Europa solo podemos encontrar un caso similar en la vecina Andorra –que no es miembro de la UE–. Esto se debe a las firmes convicciones católicas del archipiélago, habitado por casi medio millón de habitantes.

Aunque sus gobiernos se han mostrado favorables a seguir la tendencia europea en lo relativo a la aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo o ilegalizar las terapias de reorientación sexual, en el terreno abortista la cosa no ha variado mucho en los últimos años.

Y todo a pesar de que el primer ministro desde 2020 es Robert Abela, del Partido Laborista –equivalente al PSOE–. Este partido de izquierdas ha gobernado en las islas desde el año 2013 sin ningún tipo de propósito de cambiar la ley para despenalizar el aborto, existiendo un consenso no escrito entre partidos. La única modificación, realizada hace tan solo unos meses, se llevó a cabo después de una polémica que traspasó sus fronteras.

El pasado verano, una turista de Estados Unidos tuvo que ser trasladada a España para abortar, puesto que los médicos malteses se negaron a practicarlo. En este caso concreto, la salud de la madre corría peligro, por lo que, como consecuencia de la polvareda causada, el ejecutivo maltés ablandó su legislación en noviembre de 2022 para permitir los abortos en caso de que la vida de la madre peligre. Seguirá sin estar permitido en cualquier otro caso, incluido violación, incesto o anomalías fetales.