La farmacéutica Merck acusa a Biden de «extorsión» por la ley que obliga a abaratar las medicinas

La farmacéutica norteamericana Merck, una de las más grandes del mundo, ha demandado al Gobierno de EE.UU. por su plan para reducir los precios de medicina subsidiada y ha calificado de «extorsión» el proceso de negociación con las autoridades para aceptar dicha iniciativa.

El objeto del conflicto es la Ley de Reducción de la Inflación, aprobada por el Congreso en 2022 cuando los demócratas todavía tenían mayoría en la Cámara de Representantes y promulgada por el presidente Joe Biden, que la enmarcó como uno de los mayores logros de su gestión presidencial.

Este texto tiene por objeto dar al programa gubernamental Medicare, de subsidios para las personas mayores de 65 años, las atribuciones para contrarrestar los aumentos en los precios de los medicamentos. En total, la agencia seleccionará 10 medicamentos para una primera ronda de negociaciones sobre los precios y los publicará el próximo 1 de septiembre. La intención de la agencia es que las farmacéuticas que los producen tengan de plazo hasta octubre para firmar su acuerdo de participación en las negociaciones.

Para Merck, las condiciones que impone la Ley vulneran la Constitución, y así lo expone en su querella.

En primer lugar, la empresa alega que el texto viola la Primera Enmienda de la Carta Magna al forzarla a decir que está de acuerdo con los precios fijados por el Gobierno. Asimismo, también conculca –dice el escrito– la Quinta Enmienda, que requiere del gobierno una compensación apropiada cuando requisa propiedad privada.

Los medicamentos incluyen algunos comprendidos en la llamada Sección D de Medicare, que es el área donde estos subsidios sanitarios gastan la mayor parte de sus recursos y donde no hay competencia de compuestos genéricos. En concreto, los medicamentos de Merck sometidos a las negociaciones serían los fármacos para la diabetes Januvia y Janumet y el tratamiento para el cáncer con el compuesto Keytruda.

Amenaza de impuestos

En su demanda, la farmacéutica alega que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) obliga a las empresas farmacéuticas a entrar en un proceso que dictará los precios con descuentos que van del 25 % al 60 % bajo la amenaza de impuestos que son varias veces más onerosos que los ingresos obtenidos por la venta de esos medicamentos. «Bajo la Ley de Reducción de la Inflación el Gobierno requisará productos farmacéuticos patentados por Merck y los transferirá a los beneficiarios de Medicare mediante ventas forzadas», añadió la demanda.

Por todo ello, la firma pide al Tribunal Federal del Distrito de Columbia que impida que el HHS le fuerce a aceptar un acuerdo que baje los precios en el marco de la Ley.