Cantabria y Castilla y León consiguen que la UE elabore un dictamen sobre el control del lobo

El lobo en España, pero especialmente en Cantabria, Castilla y León y las comunidades del norte de España, se ha convertido en un verdadero problema. Desde que se prohibiera la caza de este animal, los ataques al ganado se han disparado. Los ganaderos ya no saben qué hacer ni cómo enfrentarse a este depredador, que les está costando una fortuna.

Durante un debate ante el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo, la eurodiputada cántabra Paula Fernández Viaña ha defendido que deben ser las regiones las que gestionen la caza o no del lobo. Una postura que ha respaldado también el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En este sentido, y tras la insistencia de Cantabria y Castilla y León, la Unión Europea se ha comprometido a elaborar un dictamen sobre esta problemática y fijará posiciones sobre las medidas necesarias que permiten «garantizar la adecuada conservación de determinadas especies, como el lobo, y su perfecta coexistencia con la ganadería extensiva».

Viaña, responsable en funciones de la Consejería de Acción Exterior, se ha mostrado satisfecha por el resultado de las conversaciones en el seno de la UE y ha agradecido a Bruselas que «escuche la voz de las regiones que son las que mejor conocen la situación». La eurodiputada ha defendido que de esta forma podrán seguir desarrollando sus respectivos planes de gestión «de manera autónoma y sin limitaciones para cumplir con la Directiva europea de Hábitats».

«La consecuencia de la decisión del Gobierno de España de retirar esa potestad a las autonomías y endurecer la aplicación de la Directiva ha sido catastrófica para el sector ganadero. No se permite ni siquiera la aplicación de la flexibilidad y las excepciones previstas», se ha lamentado Viaña.

Por su parte, Suárez-Quiñones ha explicado que Castilla y León y las regiones del noroeste español tienen en su territorio el 98 % de la población del lobo de España, y más lobos que muchos países de la UE.

Así las cosas, el consejero de Castilla y León ha rechazado las acciones del Gobierno de España que, afirma, se opone a buscar la flexibilización del régimen de protección del lobo. Suárez-Quiñones ha denunciado que los ataques al ganado llevan al abandono de explotaciones ganaderas, poniendo en peligro la producción de alimentos de calidad, aumentando el riesgo de incendios forestales y contribuyendo a la despoblación del medio rural.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya pidió el pasado mes de noviembre un análisis detallado del estado de la población de lobos, con datos actualizados. Aunque Von der Leyen matizó que la Comisión no interferirá en cómo apliquen los Estados las flexibilidades de la Directiva Hábitats.

«Necesitamos que Europa se haga eco de este terrible problema que conozco en primera persona porque soy ganadera y estos eran mis potros», ha afirmado la eurodiputada cántabra a la vez que mostraba las imágenes de animales de su cabaña que fueron víctimas de ataques de lobos.

El lobo ha entrado de pleno en la campaña electoral española. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que volverá a permitir la caza de este carnívoro ante el aumento de los ataques al ganado. Feijóo ha defendido que promoverá la actividad cinegética «sostenible» al considerar que la caza es parte de un «acervo cultural arraigado» y tiene beneficios ambientales.

Cantabria ha alzado la voz, Europa, por ahora, ha entendido el alcance de la legislación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Los populares, por su parte, se comprometen a volver al modelo de 2021, que permitía la caza del lobo al norte del Duero. Desde Moncloa impera el silencio ante el creciente malestar de los ganaderos.