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Médico pasando consulta a una mujer embarazada

Médico pasando consulta a una mujer embarazadaPixabay

Doce provincias españolas se resisten a las leyes contra la vida de Montero y no realizan abortos

Según Sanidad, el número de abortos en el 2021 sumó un total de 90.189 fetos a los que no se les dio la oportunidad de desarrollarse ni nacer

La imposición de la ley de aborto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha llegado a buen puerto en todas las comunidades. Esta polémica norma, que se aprobó el pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados y entró en vigor en marzo tras su publicación en el BOE, aún no se ha practicado doce provincias españolas. No hay ningún centro público que quiera practicar estos infanticidios.

Según los últimos datos presentados por el Ministerio de Sanidad, que corresponden al año 2021, el 15,67 % de los abortos se produjeron en los centros públicos de España –6,27 % en hospitales y 9,40 % en extrahospitales–. Mientras que el restante, el 84,33 %, se dieron en centros privados. Estos datos son los mayores desde el año 2012.

Entre las provincias que no han registrado ningún aborto se encuentran Cáceres, Jaén, Huesca, Teruel, Guadalajara, Cuenca y Toledo, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Zamora y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto es gracias a la objeción de conciencia de todos los facultativos, algo que la ministra también quiere eliminar.

Señalar con el dedo a todos aquellos médicos que por cuestiones éticas no quieran practicar abortos es eliminar el derecho individual de cada sanitario, ya que se trata de una «decisión individual que debe manifestarse anticipadamente y por escrito», comentó al periódico el pasado mes de mayo Leopoldo Abad Alcalá, catedrático de Derecho Constitucional y responsable del área de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo.

El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española en el artículo 18.4 y reconocido por el Tribunal Constitucional, por lo que no se puede obligar a los sanitarios a inscribirse en el registro de objetores ni a practicar infanticidios.

Al hilo, el médico anestesista y exsecretario general del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, Juan José García, apuntó el pasado mes de febrero que en Castilla-La Mancha, por analogía, cuando se generó el registro del aborto, «todo el mundo se apuntó como objetor». De hecho, la portavoz de la comunidad castellanomanchega, Blanca Fernández, aclaró en mayo que todos los profesionales de los hospitales públicos «están acogidos a la objeción de conciencia».

Más abortos entre los 25 y 29 años

Según los datos del Ministerio de Sanidad, el número de abortos en el 2021 sumó un total de 90.189 fetos a los que no se les dio la oportunidad de desarrollarse ni nacer.

En datos, 312 niñas menores de 15 años se sometieron a abortos; entre 15 y 19 años, 9.076; de 20 a 24 años, 18.753; entre 25 y 29 años se registró el mayor número de infanticidios con 19.227; desde los 30 a los 34 años se registraron 18.641; 16.187 mujeres entre 35 y 39 años también decidieron terminar con la vida de los no nacidos; el último grupo, el de mayores de 40 años tuvo 7.993 abortos.

Además, del total de mujeres, un 72,72 % abortó con ocho semanas o menos; el 22,46 % estando embarazadas de nueve a 14 semanas y un 0,16 % de 23 o más semanas.

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