Se aprueba la ley de restauración de la naturaleza con una puerta trasera para frenar sus consecuencias

La polémica ley de restauración de la naturaleza ve la luz de manera muy diferente a como se proyectó y no contenta ni a partidarios ni detractores tras semanas de negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo.

En la madrugada de este viernes se conseguía cerrar un acuerdo mediante el cual se restaurará al menos el 20 % de las áreas terrestres y marinas comunitarias para 2030, con el compromiso de la totalidad para 2050.

Plataformas ecologistas como WWF, Amigos de la Tierra, SEO/Birdlife, Greenpeace o Ecologistas en Acción lamentan que el texto acordado se haya rebajado incluso más allá de la propuesta inicial de la Comisión. Los agricultores y pescadores se quejan de lo contrario.

La asociación que representa al sector pesquero de la Unión Europea, Europêche, lamentó que el reglamento acordado no evalúe «costos y beneficios» y que el alcance se haya ampliado «artificialmente», lo que «resultará en más cierres de áreas».

Copa-Cogeca, plataforma que defiende a las grandes explotaciones agrarias, atacó directamente al ponente del Parlamento, el socialista español César Luena, a quien acusó de no respetar el mandato que aprobó el hemiciclo.

«A pesar de algunas mitigaciones, el compromiso final general vuelve a ser una propuesta totalmente irreal para los agricultores y propietarios de bosques. Peor aún, al reintroducir los ecosistemas agrícolas en la propuesta, ausente de su mandato negociador (...) intentó jugar al póquer, obligando al Parlamento a reposicionarse sobre toda la propuesta», señaló la plataforma en un comunicado.

Un camino ajetreado

La ley fue rechaza en el pleno de la Eurocámara por el Partido Popular Europeo junto a Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), de Identidad y Democracia (ID) y algunos eurodiputados liberales, aunque finalmente salió adelante con el apoyo de socialistas, el resto de liberales, verdes, izquierda y de varios eurodiputados del PPE que apoyaban la norma a pesar del rechazo frontal de su grupo.

El PPE promovió un veto al texto en varios comités parlamentarios por considerar que iba «en contra de todo el sector primario, agricultores, ganaderos y pescadores». Eurodiputados populares como el español Juan Ignacio Zoido llevaron a cabo varias acciones de concienciación. Entre ellas, un encuentro multitudinario con cientos de trabajadores del campo en el Parlamento, así como dar voz a plataformas españolas de agricultores como Asaja.

Los más radicales ambientalistas defendían el cierre de granjas que no se considerasen respetuosas con el medioambiente, algo peligroso si se tienen en cuenta los estándares ambientales actuales y que hubiera asfixiado al sector primario de toda la Unión Europea.

En esa última ronda entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE, las tres instituciones colegisladoras de la UE alcanzaron un acuerdo tras unas nueve horas de negociación que contempla «flexibilidades» en muchos de sus apartados.

A pesar de la presión ejercida por el sector ambientalista, se ha introducido una puerta trasera que permite ejercer de corta fuegos en caso de que las medidas de protección lleven a situaciones que pongan en riesgo la independencia estratégica tan buscada ahora por la Comisión Europea.

Este freno de emergencia a solicitud del Parlamento se podrá aplicar si crean consecuencias graves en toda la UE sobre la disponibilidad de tierras necesarias para asegurar una producción agrícola suficiente para el consumo de alimentos dentro del mercado común.

Esta medida de emergencia da a entender que parte de los legisladores están despertando del sueño ecologista en el que estaba sumido Bruselas desde hace tiempo, especialmente influenciada por las políticas climáticas del holandés Frans Timmermans, hoy alejado de Bruselas para enfrentarse a la derecha en las elecciones de Países Bajos.

El acuerdo alcanzado entre los colegisladores aún debe ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo, tras lo que la nueva ley se publicará en el Diario Oficial de la UE para entrar en vigor 20 días después.

Dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de este reglamento, la Comisión tendrá que evaluar cualquier brecha entre las necesidades financieras de restauración y la financiación disponible de la UE y buscar soluciones para cerrar esa brecha, si la hubiera.

Otras medidas

Los países miembros deberán garantizar que para 2030 no haya una pérdida neta en el área nacional total de espacios verdes urbanos y de cubierta de copa de árboles urbanos en áreas de ecosistemas urbanos en comparación con 2021 y deberán aumentar esta cifra a partir de 2030.

Asimismo, tendrán que implementar medidas con el objetivo de lograr una tendencia positiva en varios indicadores de los ecosistemas forestales en 2030. También se deben plantar 3.000 millones de árboles más en la UE y se deben restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos para que fluyan libremente.

La destrucción de embalses y presas será una consecuencia lógica para cumplir con los objetivos fijados. Esto afectará directa e indirectamente al sector agrícola, ya que dificultará el acceso a fuentes de riego a las que tienen acceso en este momento los trabajadores del campo.

Las dificultades para mantener la producción es uno de los argumentos esgrimidos por las plataformas que defienden esta actividad económica.