¿Quién financia el vandalismo ecologista y quién paga sus destrozos?

Cambiar un semáforo cuesta casi 4.000 euros si sus luces son LED, y 1.500 si tiene bombillas. Cambiar una farola cuesta 1.200 euros; un bolardo, entre 60 y 180 euros; las vallas que protegen las aceras, más de 300. Una marquesina puede llegar a suponer un gasto de 5.000 euros, a los que se añade el precinto, la retirada y la posterior colocación. Si se conoce el autor del destrozo, el primero que paga al Ayuntamiento es el seguro de quien causa los desperfectos; si se desconoce, es el Ayuntamiento el que afronta el costo... a fondo perdido.

Entonces, ¿qué sucede con los casos de vandalismo dentro de instituciones como el Museo del Prado? A fines del año pasado la opinión pública internacional se vio consternada por una serie de ataques contra emblemáticas obras de grandes maestros de la pintura. Con alevosía, los activistas se grababan mientras ejecutaban sus ataques: contra un coche customizado por Andy Warhol, la Gioconda de Leonardo da Vinci, La Primavera de Boticelli o Los Girasoles de Vincent Van Gogh fueron sólo algunas de las obras atacadas, a las que ahora se ha sumado La Venus del espejo, de Velázquez, en la National Gallery de Londres.

La repetición de esas acciones de protesta a lo largo de Europa y, sobre todo, la confirmación de que las obras no resultaban dañadas, abrieron paso poco a poco a la desconfianza y a la crítica ácida contra los activistas, que pretendían de ese modo «llamar la atención sobre la falta de acción ante el cambio climático». Sin embargo, pronto quedó claro que aquellas espontáneas protestas de los jóvenes no eran ni tan espontáneas, ni tan solitarias, ni tan juveniles. Y que detrás de sus proclamas había multimillonarios inyectando cientos de miles de dólares.

Quién financia a los grupos ecologistas

El Gobierno del Reino Unido abrió justo hace un año, en octubre de 2022, una nueva ronda de licencias para la exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte frente a la costa este de Inglaterra. Como respuesta a estos cambios, Just Stop Oil se funda en febrero y a través de «la resistencia civil no violenta» intenta pararle los pies a sus gobernantes.

En su página web, el grupo afirma que la mayoría de sus fondos proceden del Fondo de Energía Climática (CEF, por sus siglas en inglés), un movimiento con sede en Estados Unidos fundado en 2019 y que proporciona subvenciones y fondos para grupos climáticos de todo el mundo. Desde entonces, CEF asegura haber subvencionado 39 organizaciones con más de cuatro millones de dólares distribuidos entre ellas.

Otros grupos notables que reciben fondos de ellos y similares a Just Stop Oil son Extinction Rebellion y Scientist Rebellion, que también llegaron a alcanzar gran notoriedad debido a sus «actos de desobediencia civil».

Aunque esto puede parecer un dato sin importancia, el perfil de la fundadora de CEF, Aileen Getty, empezó a ganar atención. Hija de John Paul Getty Jr., un filántropo y millonario, y nieta del fundador de Getty Oil Company, una empresa de explotación petrolera. Es decir, la nieta de un magnate petrolero quiere cerrar el mismo negocio en el que su familia encontró su fortuna. Debido a su gran preocupación por el clima, en 2019 expresó su creencia de que el activismo es la única forma de lograr el cambio en el frente de la emergencia climática. Según informó The Guardian, Getty inició el fondo con una donación de 500.000 dólares.

Otro de los multimillonarios que financian sus acciones es el cineasta Adam Mckay, que realiza una contribución anual de cuatro millones de dólares, además de haberse unido a su junta directiva a finales de 2022.

Además de los citados grupos ecologistas, Letze Generation ('Última Generación') se definen como la primera generación de la historia del mundo que están sufriendo las consecuencias del cambio climático, y de igual manera la última que puede frenar sus consecuencias. Autores del atentado con sopa de tomate contra Los Girasoles de Van Gogh y con puré de patatas contra Les Meules de Monet, en el manifiesto que tienen en su página web afirman que están dispuestos a aceptar «altas multas, cargos criminales y privación de libertad sin desanimarnos».

¿Cuánto cuesta dañar una obra de arte?

La moda de vandalizar el arte para protestar por las políticas contra el cambio climático ha llegado también a nuestro país. Aunque ninguna de las obras acaban siendo dañadas en sí mismas (sí lo son los marcos o los cristales que las protegen), el vandalismo contra el arte tiene un precio, y en España quienes atentan contra el patrimonio se enfrentan a duras sanciones recogidas en el Código Penal.

Si el daño que se produce es accidental, en los museos españoles destrozar una obra de arte no tiene coste alguno para el turista. Según explican en Noticias Jurídicas, el Estado, como responsable de la guardia y custodia del patrimonio estatal, siempre es quien responde de los daños, por muy negligente que haya sido el visitante. Es decir, son los museos del Estado son los que asumen todos los gastos de reparación en caso de accidente.

Sin embargo, si se trata de un acto intencionado (como las últimas protestas) la situación cambia: en estas ocasiones, el museo cursa una denuncia. Se debe valorar si se trata de una acción delictiva contra el patrimonio del artículo 323 del Código Penal o una conducta sancionable por vía administrativa cualificada.

En resumen, las penas de prisión por llevar a cabo un acto vandálico contra una obra de arte pueden alcanzar hasta tres años de prisión, con posibilidad de elevar la pena en grado en los casos más graves.

Deberá ser un juez el encargado de establecer las penas: sin ir más lejos, el pasado 30 de marzo de 2022 el Tribunal Supremo establecía que el autor de realizar pintadas en la escultura de Eduardo Chillida Lugar de Encuentros II, expuesta al aire libre en la Plaza del Rey de Madrid, era condenado a cinco años de prisión y una indemnización al Ayuntamiento de 1.376 euros.