Más de 20 asociaciones culturales se plantan ante Educación en su cruzada contra la historia española

La propuesta del Ministerio de Educación de minimizar o eliminar el estudio de los siglos XVI, XVII y XVIII en la enseñanza de Historia ha generado un intenso debate entre las diversas asociaciones adheridas al Protocolo de Santa Pola.

Las opiniones comandadas por más de veinte asociaciones –27 en concreto– se centran en la relevancia del Siglo XVI como un momento clave en la historia occidental y el surgimiento de la modernidad. Se argumenta que este período ha sido subestimado debido a la influencia predominante de fuentes franco-anglosajonas. Según los críticos de la propuesta ministerial, el Siglo XVI fue crucial para Occidente, y la llegada de los hispanos a América se considera un factor determinante para evitar el dominio mundial por parte de otras fuerzas. Se destaca además que la primera gran ilustración moderna tuvo lugar en las aulas de Salamanca y no en los conflictos violentos de París.

Asimismo, se resalta que conceptos como el Derecho natural y los derechos subjetivos tienen sus raíces en el pensamiento de neoescolásticos salmantinos, contrariamente a lo que se enseña habitualmente. Se mencionan además las contribuciones de figuras como Domingo de Soto, cuyo trabajo influyó en Newton y Galileo.

La propuesta del Ministerio de Educación ha generado indignación entre aquellos que la consideran como un reflejo del dominio cultural de las fuentes franco-anglosajonas, un acto que debilitaría la autoestima colectiva de los estudiantes hispanos y los privaría de referentes históricos significativos. Además, se resalta el aparente contraste entre este movimiento y el auge del neofeminismo, ya que se argumenta que el Siglo XVI fue una era destacada para mujeres hispanas empoderadas, lideradas por figuras como Isabel I, cuyos rol histórico merece mayor reconocimiento.

Ante estas circunstancias, se hace un llamado a la comunidad educativa, a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas y a las fuerzas políticas, instándolos a oponerse a esta propuesta ministerial que buscaría reducir la relevancia de los siglos XVI, XVII y XVIII en el mundo hispanohablante. De igual manera, las distintas asociaciones adheridas al Protocolo de Santa Pola solicitarán medidas legales para evitar la cancelación de esta parte crucial de la historia de nuestro país.