María Pindado: «En muchas ocasiones, la política intenta instrumentalizar la discapacidad»

En Europa, alrededor de 7 millones de personas viven con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), y en España, esta condición afecta a 1 de cada 100 personas.

Frente a esta realidad, la Unión Europea está implementando cada vez más políticas clave para mejorar la inclusión y accesibilidad. Iniciativas como el Centro Europeo de Recursos sobre Accesibilidad (AccessibleEU) y la ley europea de accesibilidad, ambas enmarcadas en la Estrategia para los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, son algunos ejemplos de ello.

María Pindado, delegada de Asuntos Públicos para Autismo España, explicó a El Debate el impacto de estas iniciativas y el papel clave de España en su promoción.

–España destaca como líder en Europa en temas de discapacidad. ¿Qué factores han contribuido a esta posición de liderazgo y cómo pueden replicarse en otros países de la Unión Europea?

–En el caso de España, mucho tiene que ver con la configuración del movimiento social de la discapacidad aquí. Es un movimiento fuerte, establecido como un grupo social relevante. Los actores de decisión saben que deben tenerlo en cuenta y está en las mesas de diálogo, estableciendo una relación necesaria entre los poderes públicos y las personas con discapacidad.

Creo que ese es el camino y lo que animaría a cualquier otro país europeo a replicar. Las personas con discapacidad, para velar por sus intereses, como cualquier otro grupo social, es importante que estén organizadas, establecidas y actúen desde el punto de vista de la incidencia política.

–¿Cómo valora los progresos de España en cuanto al derecho al voto para las personas con discapacidad?

–En España, la ley cambió en 2018, eliminando la restricción en el sufragio para las personas con discapacidad, un avance importante. Pero aún hay mucho por hacer. El voto implica no solo ejercerlo, sino también tener la capacidad de distinguir las opciones políticas, acceder a los planteamientos de los partidos y velar por intereses propios. Una barrera es la falta de programas en formatos accesibles para personas con discapacidad.

Todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas y debemos ser amables con las vulnerabilidades de los demás

Aunque algunos partidos han intentado usar lectura fácil, la mayoría no ofrece sistemas alternativos de comunicación. Además, es crucial la participación activa de personas con discapacidad en política, tanto en ser elegidos como en presentarse.

–¿Qué iniciativas se están implementando en España para mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad?

–En España, el desempleo en el colectivo de personas con autismo es alto, con una tasa entre el 76 % y el 90 %. Aunque ha habido mejoras en la integración laboral de personas con discapacidad, todavía estamos lejos de igualar la tasa de ocupación de las personas sin discapacidad. El empleo para personas con discapacidad es fundamental no solo por los medios económicos, sino también por la libertad y el desarrollo personal que ofrece. Es importante que los espacios de trabajo sean diversos, ya que esto los enriquece.

Hace poco se cambió el sistema de formación profesional, pero todavía no es suficiente. Faltan apoyos en las aulas y orientación vocacional adecuada, especialmente para personas con autismo. Además, el sector privado debe ser más sensible a las necesidades de las personas con discapacidad. Todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas y debemos ser amables con las vulnerabilidades de los demás.

Respecto a la legislación, hemos conseguido reformas en la Ley de Empleo, como la formación obligatoria sobre autismo para el personal del SEPE y el reconocimiento de las personas con discapacidad como especialmente vulnerables en el empleo. Sin embargo, a pesar de estos avances en la legislación, aún falta implementar políticas concretas para la inserción laboral de estos colectivos. Los reconocimientos en papel son importantes, pero necesitamos cambios tangibles y reales.

–Y a nivel europeo, ¿cuáles son las iniciativas que más han ayudado en los últimos años?

–Desde Europa, la financiación y los fondos europeos, que han sido un apoyo clave para el tercer sector de la discapacidad, especialmente en el último año y medio. Las entidades del tercer sector proporcionan apoyos y servicios a personas con discapacidad donde el Estado social no llega. Los fondos europeos han tenido un papel importante, aunque será necesario medir su impacto real y determinar qué podría haberse hecho mejor.

Las altas tasas de acoso y desempleo indican que las personas con autismo aún no son plenamente aceptadas y sufren exclusión y violencia

Otra iniciativa relevante es la desinstitucionalización, impulsada desde Europa y que ha llegado a España, promoviendo que las personas con discapacidad puedan permanecer en entornos comunitarios y recibir cuidados en su ambiente habitual. Es crucial que las personas que necesitan apoyos puedan tenerlos dentro de su entorno y no sean expulsadas de la sociedad a instituciones alejadas de su círculo familiar y social. Esto es algo por lo que debemos estar agradecidos a Europa.

–Entonces desde Autismo España, ¿cómo cree que ha evolucionado la percepción y el apoyo hacia las personas con autismo en los últimos años en España y en Europa?

–Ha habido un gran esfuerzo de divulgación y sensibilización sobre el autismo, que sufre de muchos estereotipos y prejuicios. A diferencia de las discapacidades físicas, el autismo es amplio y cada persona con autismo es diferente, lo que dificulta la comprensión social. Hay ideas erróneas como que las personas con autismo no hablan o no quieren relacionarse, o que todas son de altas capacidades intelectuales.

Sin embargo, estamos avanzando en el conocimiento sobre el autismo. Los agentes políticos y las instituciones son más conscientes de la necesidad de atender el autismo. En España, con aproximadamente 450.000 personas afectadas, el autismo es una de las discapacidades que más crece, en parte debido a la mejora en el diagnóstico.

Estamos más presentes en la sociedad y en las instituciones, pero aún enfrentamos problemas graves como el acoso escolar. Las altas tasas de acoso y desempleo indican que las personas con autismo aún no son plenamente aceptadas y sufren exclusión y violencia. Esto muestra que todavía hay mucho trabajo por hacer como sociedad.

–¿Cómo valora la participación de españoles en roles clave dentro de las instituciones europeas? ¿Y cómo suelen posicionarse los eurodiputados españoles en temas relacionados con la discapacidad?

–Generalmente, nuestra experiencia con los eurodiputados españoles de todos los signos políticos ha sido muy positiva. Siempre han mostrado gran disposición a escuchar nuestras demandas. Creo que la discapacidad es bien acogida y entendida por los representantes políticos españoles. Sin embargo, en muchas ocasiones la política intenta instrumentalizar la discapacidad y eso no está bien.

La discapacidad no pertenece a ninguna ideología política; se trata de personas con diversas opiniones, sensibilidades y afiliaciones políticas. Lo importante son sus derechos y necesidades, que es lo que realmente les une.

Este año, hemos tenido una disposición favorable y hemos logrado impulsar a través de la Comisión de Peticiones una resolución para la armonización de los derechos de las personas con autismo en la Unión Europea. Esta iniciativa es pionera, ya que el Parlamento Europeo nunca había emitido una declaración de este tipo. La resolución fue aprobada por aclamación de la Cámara y trabajamos con todos los grupos parlamentarios. Estamos muy agradecidos por el esfuerzo en conseguir un texto de consenso.

–¿Y que hay de la accesibilidad?

–Es crucial que los recursos que parecen inagotables para ciertos aspectos, como la traducción para quienes hablan la misma lengua, se extiendan también a la accesibilidad en comunicación. Esto no solo aplica a personas con autismo, sino a muchos otros colectivos y personas con discapacidad que tienen dificultades en la comunicación.

También afecta a personas sin discapacidad que se ven excluidas por la forma en que la administración o las tecnologías emergentes se comunican. Si hay fondos disponibles para ciertos fines, deberían estarlo también para mejorar la accesibilidad y la inclusión. La política, la administración y la regulación deben ser accesibles y comprensibles para todos los ciudadanos, y es una obligación asegurar que puedan acceder a ella de manera equitativa.