Un juzgado obliga al Gobierno a hacer público el precio de un fármaco contra la covid a pesar de su negativa

El Ministerio de Sanidad pierde la batalla. El juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ha dado la razón a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y al Consejo de Transparencia y buen Gobierno y ha obligado al Ministerio de Sanidad a publicar, como ya se le insistió hace meses, el precio del fármaco contra el coronavirus, Remdesivir, comercializado por Gilead bajo el nombre de Veklury.

En marzo de 2022, Salud por Derecho y OCU –en nombre de la campaña 'No es Sano'– realizaron varias peticiones al Ministerio de Sanidad a través del Portal de la Transparencia para saber, entre otras cosas, el acceso a los precios reales de diferentes medicamentos, –principalmente nuevos y con mayor coste–y su impacto en el presupuesto público.

A pesar de ello, el departamento de Mónica García, se negó a ofrecer la información, justificando así que los precios de los medicamentos «son confidenciales», por lo que no tenían la obligación de compartir los datos. Ante esta negativa, las organizaciones recurrieron al Consejo de Transparencia, que les dio la razón e instó a Sanidad a compartir lo que se les había pedido.

Tras esto, el Gobierno, junto con la compañía biotecnológica Gilead, presentó un recurso contencioso-administrativo, para no entregar la información al órgano, alegando que todos los datos solicitados son «confidenciales» y, por lo tanto, no se pueden entregar. La sentencia aún no es firme y puede ser apelada en los próximos 15 días.

Sin embargo, el texto elaborado por Salud por Derecho y OCU asegura que conocer el precio y el impacto presupuestario de remdesivir no vulnera «la protección de los intereses económicos y comerciales». Además, detallan que tampoco incumple aspectos como el secreto profesional, la propiedad intelectual o la confidencialidad.

Asimismo, hace referencia a una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que sostiene que conocer el precio de un determinado medicamento «supera con mucho el interés particular del laboratorio para que no se ofrezca dicha información sobre la base de su simple interés particular».

Para la OCU y el resto de las organizaciones que integran la campaña 'No es Sano', esta sentencia supone un paso muy importante en el ámbito de la transparencia. Sin embargo, no está siendo fácil. Les ha costado casi dos años llegar hasta aquí.

Al hilo, han asegurado que necesitan que la Administración adopte «una actitud más proactiva» y la aplique como parte de la rendición de cuentas a la ciudadanía, puesto que tienen derecho a saber cuánto están pagando con sus impuestos por los medicamentos. Y es que, según Vanessa López, directora de Salud por Derecho, los intereses privados «no pueden estar por encima del interés público» y eso es lo que ampara esta sentencia.