Igualdad destinará más dinero a la ley trans que impuso Irene Montero

Ha pasado un año desde que Irene Montero se salió con la suya y el Congreso de los Diputados dio luz verde a la controvertida ley trans. A pesar de las numerosas críticas que ha recibido en todo este tiempo por la falta de consenso científico, el enfrentamiento que ha provocado entre las mujeres y la intención de abolir la realidad del ser humano, la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, seguirá con los planes de Montero y destinará a la norma aún más dinero.

La nueva dirigente de Igualdad, que fue hasta el pasado 28 de mayo teniente de alcalde y concejala de Turismo y Cultura en el ayuntamiento de Valladolid, prometió en su toma de posesión llevar a cabo una serie de actos para «proteger a las personas trans». Con ello, aseguró, entre otras cosas, que iba a crear un Pacto de Estado por las personas LGTBI.

Al hilo, Redondo, que sigue ensimismada en la polémica norma de su Ministerio, no escucha ni a los grupos feministas en contra de la orden que insisten en derogar «las leyes que dañan a las mujeres», ni a las políticas de su propio partido. La vallisoletana, lejos de reformar la norma, asegura que es «lamentable» que unas leyes que «no han planteado ningún problema» vayan a ser modificada por unas propias de la ultraderecha, para «devaluar, demonizar y desproteger a estas personas».

En este sentido, la jurista, quien garantiza que el Gobierno de España va a estar «siempre con las personas que defienden y avanzan derechos», avanza que en los presupuestos generales del Ministerio de Igualdad se espera incluir medidas y recursos que «permitan avanzar en la aplicación» de la ley trans estatal.

Para tratar de conseguir refuerzos y mantener firmes los deseos que instauró Montero, la ministra llama a las instituciones estatales y autonómicas a «ir juntos» en «esta lucha que es muy compleja». Además, insiste en que cuando hay decisiones que suponen una marcha atrás, un retroceso o un recorte, realmente «todos salimos perjudicados».

Una norma que ha dividido a España

El planteamiento de esta norma y su posterior aprobación abrió una grieta en el panorama político y ciudadano. Asimismo, muchas organizaciones y asociaciones trataron de demostrar los errores de la ley. Una de ellas fue la Fundación Disenso, que mediante un informe, llamado Transexualidad y la ley trans en España, denunció el «daño irreparable» que esta ley causa a las personas, especialmente las más vulnerables social y psicológicamente.

Esta investigación, que la llevó a cabo Teresa Pueyo-Toquero, doctora en Humanidades y profesora de Antropología en la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, advierte que la transexualidad, que hasta ahora se limita al «cambio entre hombre y mujer y viceversa», se convertirá en «un posthumanismo», en el que la voluntad será «la única medida de lo posible».