Sanidad indaga sobre la orientación sexual de los pacientes en los datos clínicos

Al Gobierno no le bastó con dar luz verde a la polémica ley trans de Igualdad en 2023. Si no que, además, ha permitido al Ministerio de Sanidad la creación de un Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, que propone, entre otras cosas, que en el historial del paciente se recojan e incluyan datos sobre «su orientación sexual, su identidad de género y expresión de género».

Amanda, una Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada, denuncia que este documento invade «el ámbito privado» en la recogida de datos clínicos.

Según se aprecia en la página nueve, un cuestionario incluido en el documento, pretende que se pregunte a pacientes de todo tipo de edad, cuestiones como «qué sexo se le asignó al nacer». Respuestas que, lejos de ser útiles para la sociedad, solo buscan inyectar más la norma trans –que apoya Mónica García– e introducir conceptos acientíficos en los procesos de recopilación de información clínica, ya que el dato «sexo» ya aparece reflejado en los documentos clínicos.

Siguiendo la misma línea, el documento también se interesa sobre el dato subjetivo de la «identidad de género» estableciendo una batería de categorías como mujer/niña, hombre/niño, mujer/niña trans, hombre/niño trans, no binario o de género fluido.

También indaga, en la orientación sexual de las personas, con la finalidad de saber si el paciente está afectado o no por esas circunstancias. Además de preguntar abiertamente si el paciente es heterosexual, gay o lesbiana, bisexual, asexual u otro.

Amanda, asegura que el uso de estas expresiones viene impulsado por «una creencia transgenerista/transhumanista» que Sanidad pretende introducir en el sistema sanitario, un pilar fundamental del Estado Social y de Derecho. Por eso, continúan, es «extraordinariamente grave» que el Ministerio de García promueva que las bases de datos de los centros de salud y hospitales puedan utilizar un lenguaje anticientífico que introduce términos incompatibles con la biología y la ciencia, contrarios a la normativa nacional e internacional.

Viola el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo

A su vez, en la propia recogida de datos durante la entrevista clínica, Sanidad pretende normalizar ante la ciudadanía, adoctrinar y obligar a los sanitarios a que utilicen conceptos con falta de ciencia ajenos a su profesión y propios del transgenerismo. En este sentido, Amanda considera que el sistema sanitario «no debería usarse como plataforma de propaganda» de una creencia que «vulnera el derecho a la no discriminación» por razón de sexo y de orientación sexual.

Por otro lado, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, señala que entre los datos especialmente protegidos están la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, salud, vida sexual, datos genéticos y biométricos, por lo que Sanidad y el Gobierno de Pedro Sánchez estarían violando una norma europea.

Además, según el análisis realizado por el equipo jurídico de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, esta iniciativa entra también en colisión, con la Convención de los Derechos del Niño; la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; la Ley de Autonomía del Paciente; y la Ley de Protección de datos personales, entre otras.

Por ello, diferentes organizaciones, exigen a los ministerios implicados que respeten las leyes y normativas y rehúyan «la irreflexión y la imprudencia» que suponen estos registros, ya que «no son de utilidad clínica», y que se vuelvan en creencias que niegan «la validez de las categorías científicas y biológicas» como es el sexo de las personas.