Sánchez se saltaría la Constitución si cede a País Vasco la competencia para homologar títulos universitarios

«Es necesario y ya es hora». En 2023, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, exigió una vez más al Gobierno de Sánchez el traspaso al País Vasco de la homologación de títulos universitarios. En ese momento, cuatro meses antes de las Elecciones Generales, el PSOE, aunque no las había anunciado, ya tenía clara la senda que iba a seguir: primero llamar a las urnas y después ganarse el apoyo del partido de Andoni Ortuzar otorgándole su bien más deseado. Si esto sigue adelante, el presidente del Gobierno estaría una vez más saltándose la Constitución.

A principios de abril, el Consejo de Ministros aprobó tres reales decretos de traspaso de funciones y servicios al País Vasco. Entre las materias se encontraba el servicio ferroviario de cercanías, la integración social internacional dentro del desarrollo estatutario y homologación y equiparación de títulos universitarios, la más importante para el PNV. En estos tres puntos, el Gobierno le traspasaría las competencias del Estado a la comunidad autónoma.

Esta controvertida medida se enfrenta con nuestra Constitución, puesto que el 149.1 establece que el Estado tiene «competencia exclusiva» sobre «las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales a la competencia exclusiva del Estado».

«Corre riesgo el principio de equidad»

Tras el anuncio del Ejecutivo, la Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha denunciado la transferencia de títulos universitarios al País Vasco, ya que la regulación de las condiciones de homologación de titulaciones universitarias es una «competencia atribuida constitucionalmente al Estado como propia, quien la ejerce a través del Ministerio correspondiente».

Asimismo, los miembros de la Organización Médica Colegial (OMC) han advertido que disponer en el espacio autonómico de la competencia para homologar podría poner en riesgo «el principio de equidad y no discriminación», propiciando territorios de acceso «duro» y otros de acceso «blando» al reconocimiento de las titulaciones médicas universitarias en el marco extracomunitario, en razón a las condiciones que cada uno pudiera establecer.

Así, han aseverado que los médicos que han obtenido «su titulación médica en el espacio extracomunitario» disponen de un «vehículo normativo y procedimental» para obtener el posterior conocimiento de la especialidad médica a través de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.

Al hilo, han recordado que el sistema de reconocimiento mencionado está «protocolizado y sujeto a una norma estatal», pudiendo contar para la información de «las decisiones del órgano competente», con el Comité de Evaluación y el criterio de la Agencia de Calidad del SNS.

El comité ha aseverado que el personal médico del SNS de España presta sus servicios «en los diecisiete servicios de salud y en los territorios dependientes del INGESA», rigiéndose por la normativa estatal en lo relativo al concreto aspecto de sus titulaciones, «sin perjuicio» de aquella otra específica de su marco territorial «en lo que a su desempeño profesional respecta». Además, han apuntado que la prestación de dichos servicios se hace sobre una máxima de seguridad y calidad asistencial a través de la posesión de los títulos de especialistas en ciencias de la salud. Algo que podría desaparecer si esto se lleva a cabo.

Y es que, han explicado, transferir esta competencia de homologación de los títulos universitarios al País Vasco, además de que «no es entendible», podría suponer un «efecto contagio» a otras comunidades que, con los mismos problemas de escasez de profesionales, demandasen disponer de idéntica solución «ajena al soporte normativo estatal actual».

«Esta medida va en dirección contraria al propósito de la Profesión Médica Europea», han concluido, ya que consideran que trabaja desde las diferentes instituciones en la armonización de criterios comunes que garanticen al ciudadano europeo «una asistencia sanitaria de excelencia».