La ley de la eutanasia cumple tres años: 370 españoles han muerto por la norma que impuso el PSOE

Hace tres años que Carolina Darias, exministra de Sanidad, aseguraba estar «orgullosa» porque conseguido crear una sociedad «más justa, más equitativa, más generosa, pero, sobre todo, más decente». No se refería a los profesionales de la Sanidad, que por aquel momento estaban salvando a miles de personas enfermas por el coronavirus, sino a que «por fin» el Congreso de los Diputados había dado luz verde a la denominada Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, una norma que en el primer año de su entrada en vigor acabó con la vida de 75 personas. Cifras que no coinciden con las del Ministerio de Sanidad (171).

El departamento de la que ahora es alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria tardó poco en aprobar esta ley. No ocurrió lo mismo con norma la de cuidados paliativos prometida en 2019 por la que fuera ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hasta el 2020, María Luisa Carcedo. Esta podría haber evitado mucho sufrimiento en nuestro país, pero el Gobierno de Sánchez sigue apostando por la cultura de la muerte.

Un año después, en 2022, la situación no mejoró. Según los últimos datos actualizados, de las 463.133 defunciones que se produjeron en nuestro país, 295 correspondían a la eutanasia (288 según Sanidad). Del total de pacientes, 134 eran hombres y 126 mujeres. El 78,1 % tenía más de 60 años. Este año se prevé que aumenten más las cifras, ya que cada vez se dan más facilidades para morir, pero menos para hacerlo con dignidad.

La dejadez de Pedro Sánchez y los ministros adelantó la muerte de muchos pacientes, que tras una larga enfermedad, decidieron dejar de luchar. Así, desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2022, en España se atendieron 749 solicitudes de esta polémica prestación: 173 durante 2021 y 576 durante 2022.

Como es habitual, no todas las comunidades recibieron el mismo número de consultas. Cataluña y Andalucía contabilizaron más habitantes que el resto de territorios españoles.

En concreto, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, de las eutanasias ejecutadas en nuestro país en 2022, 13 se produjeron en Navarra, 91 en Cataluña, cuatro en La Rioja, 24 en País Vasco, seis en Cantabria, 38 en Madrid, ocho en Asturias, seis en Baleares, 10 en Canarias; ocho en Aragón, 24 en Comunidad Valenciana, ocho en Castilla-La Mancha, 27 en Andalucía, 10 en Castilla y León, tres en Extremadura, siete en Galicia, y dos en Murcia.

Una ley que señala a los médicos

Al igual que ocurrió con la ley del aborto, Sanidad, para la ley de la eutanasia, creó un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para «ayudar a morir». Esto lo único que consigue es señalar con el dedo a todos aquellos profesionales que estudiaron para ayudar a vivir a los pacientes y que no quieran realizar esta controvertida práctica por «principios éticos».

En este sentido, Manuel Martínez Sellés, cardiólogo, catedrático universitario y presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, señaló en una entrevista a El Debate que la objeción de conciencia es «un Derecho Fundamental recogido en la Constitución Española». Y es que el Tribunal Constitucional dictó que este acto, precisamente por ser un Derecho Fundamental, no admite «legislación alguna que venga a acotarlo o restringirlo».

A pesar de los deseos del Ejecutivo, el actual Código Deontológico Médico garantiza la objeción de conciencia para que los facultativos puedan llevar a cabo su trabajo según su ética, basándose en sus principios y con plena libertad.

Al hilo, el presidente del Gobierno denunció que esta situación también afecta a los pacientes, ya que un enfermo «siempre quiere» que el médico que le atiende actúe siempre «en conciencia, sin coacciones implícitas o explícitas». Los buenos actos de los doctores crea un vínculo especial entre el especialista y el enfermo. Sin embargo, esto podría cambiar, puesto que el impacto de las 'listas negras' dañará esta imagen y romperá «carreras profesionales».