El 98 % de los consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales tras su prohibición
El artículo 66.1 de la Ley General de Telecomunicaciones señala que los consumidores tienen derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial
El 98,3 % de los consumidores continúa recibiendo llamadas comerciales no solicitadas a pesar de la entrada en vigor de su prohibición el 29 de junio de 2023, hace más de un año, que recoge el derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial salvo que exista consentimiento previo del usuario.
Así lo ha asegurado la asociación de consumidores Facua, que ha obtenido este porcentaje de una encuesta que ha llevado a cabo entre los días 28 y 30 de junio, en la que han participado 4.053 consumidores.
Los resultados del informe indican que el 68,1 % de los participantes ha recibido más de cinco llamadas comerciales en el último mes, lo que supone once puntos más respecto a la anterior encuesta.
El 69,6 % de los encuestados ha afirmado que aunque durante alguna llamada ha solicitado al teleoperador que no vuelva a contactarles, ha vuelto a recibir una llamada de la misma empresa para ofrecer servicios.
Por sectores, los servicios de los que los consumidores han recibido un mayor número de llamadas no solicitadas han sido en primer lugar las telecomunicaciones, con un 73,5 %, seguido por los energéticos (71,8 %).
Los últimos puestos de la lista los ostentan el sector de seguros, con un 25,1 %, seguido de las llamadas para ofrecer alarmas (6,4 %) y para préstamos (5,9 %), que ocupan el último lugar.
Facua recuerda que el artículo 66.1 de la Ley General de Telecomunicaciones señala que los consumidores tienen derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista «consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales».
Según la encuesta, solo el 9,9 % de los consumidores afirma saber cómo denunciar las llamadas comerciales no solicitadas, por lo que Facua ha explicado que los usuarios pueden interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo encargado de vigilar el cumplimiento de esta normativa.